Con algunos años de retraso y notablemente rebajadas las funciones que el Gobierno quería entregarle inicialmente llega a España el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), la versión nacional del polémico Consejo Audovisual de Cataluña (CAC). Eso sí, con unas competencias mucho más «light» y, en principio, sin potestad para intervenir en los contenidos editoriales de las cadenas. Por contra, viene dotado de capacidad sancionadora y con competencias en todos los operadores con cobertura nacional. Entre sus tareas principales figuran las de «garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector y garantizar los derechos de los ciudadanos», lo que en la práctica se traducirá en controlar la idoneidad de los programas en las franjas horarias y mantener el volumen de publicidad dentro de los límites permitidos.

Los miembros del Consejo Audiovisual serán elegidos por una mayoría de 3/5 en el Congreso. Este organismo será también el encargado de establecer el catálogo de emisiones deportivas de interés general que han de ser emitidas en directo.

Ardua tramitación

La creación de este órgano se ha incluido en la Ley General de Comunicación Audiovisual, cuyo proyecto de ley aprobó ayer el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. La debilidad parlamentaria en la que se encuentra el Gobierno es uno de los grandes «handicaps» de este proyecto normativo, que a buen seguro sufrirá numerosas enmiendas durante su tramitación parlamentaria, especialmente al pasar por el tamiz de los grupos nacionalistas. Como aperitivo, el decano del Colegio Profesional Audiovisual de Cataluña ya dijo ayer que «el texto es regresivo para los intereses catalanes».

Nada más conocerse la decisión del Ejecutivo, el PP salió al paso asegurando que mantiene una total oposición a la creación del Consejo de Medios. «No nos gusta nada», declaró el diputado popular Miguel Angel Cortés. «Es un peligro muy grande para la libertad de expresión y de empresa», añadió.

Inversión en cine y series

También destacan como medidas incluidas en la futura norma las obligaciones en materia de inversión en cine: «Las cadenas de cobertura estatal o autonómica deberán contribuir anualmente a la financiación de la producción europea de películas cinematográficas, películas para televisión y series para televisión, así como documentales y productos de animación, con el 5 por 100 de los ingresos devengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación». Para las emisoras públicas esta obligación será del 6%, dedicado íntegramente a la producción europea de películas cinematográficas.

Otra novedad es que la norma obliga no sólo a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual (cadenas convencionales) sino también a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas que difundan canales de televisión (Imagenio, por ejemplo, que hasta ahora estaba exento del canon), lo que mantiene en pie de guerra al sector de las telecomunicaciones.

El proyecto de Ley Audiovisual hace hincapié en determinadas obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual en relación a los menores y personas con discapacidad. Se prohíbe la emisión en abierto de contenidos pornográficos o violencia gratuita. Dichos contenidos sólo podrán ofrecerse codificados con control parental y en horarios comprendidos entre las 22,00 y las 6,00.

Juegos de azar y apuestas

Asimismo, otros contenidos que puedan considerarse lesivos para el desarrollo de los menores, sólo podrán emitirse, precedidos de señales acústicas y visuales, también entre las 22,00 y las 6,00. Del mismo modo, los programas dedicados a juegos de azar y apuestas, ya sea en abierto o en codificado, sólo podrán emitirse entre la 1,00 y las 5,00 de la madrugada.

Canales de pago

Se amplía, además, a 15 años el período de concesión de licencia y se establece la renovación automática si se cumplen determinados requisitos. El proyecto de ley reconoce la posibilidad de arrendar o ceder licencias. También como un derecho de los titulares de las licencias se regula el acceso condicional o de pago, limitándolo a un 50 por 100 de los canales concedidos a cada licencia. Es decir, en un múltiplex se podrán explotar en la modalidad de pago hasta dos canales con el aprovechamiento actual.

Fusiones de TV, con tope

Por último, se reconoce el derecho a poseer participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación, pero se limita ese derecho si en el momento de la fusión o compra entre cadenas se acumula más del 27% de la audiencia.

Según dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega la futura ley era una «asignatura pendiente de la democracia» y establece «reglas de juego» para un sector que afectado con «virulencia» por la crisis, pero con «infinitas posibilidades de futuro».

La asociación de TV privada, Uteca, consideró que este paso «supone un ejercicio de indudable responsabilidad y de lealtad con los compromisos» y pidió un pacto de Estado de los grupos políticos.