El Gobierno opta por los hechos consumados para incumplir la sentencia del Estatut
YOLANDA CARDO Zapatero y Montilla, en una de las últimas visitas del primero a Cataluña, en febrero de 2008 durante la campaña de la generales
Lunes, 12-10-09
El Tribunal Constitucional (TC) ya puede decir misa que el Gobierno piensa seguir adelante con el desarrollo del Estatut de Cataluña. Aunque exteriormente el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sigue sosteniendo la tesis de que el Estatut es plenamente constitucional, la posibilidad de que el TC emita un fallo desfavorable está obligando al Gobierno a empezar avanzar en lo que puede definirse como un plan B, o plan Z en este caso particular, para soslayar la sentencia.
La estrategia ya se ha planteado en numerosas ocasiones desde Cataluña -el conseller Joan Saura (ICV) la ha defendido de manera vehemente y el PSC la asume con convicción-, y pasaría por forzar la maquinaria legal al máximo para obviar las líneas rojas que pueda plantear el máximo tribunal, planteando algo así como una política de hechos consumados. Citando fuentes de la Moncloa, Cataluña Ràdio señaló ayer que el Gobierno ha asumido esta estrategia, que incluiría nuevos desarrollos legislativos y la utilización a discreción del artículo 150.2 de la Constitución, que permite el traspaso a las comunidades autónomas de competencias exclusivas del Estado, el mismo supuesto que en su momento permitió a la Generalitat asumir la responsabilidad en materia de Tráfico.
El Plan B de desarrollo estatutario cobra especial importancia al constatarse que el TC sigue incapaz de cuajar una sentencia, y que el plazo de octubre que en su momento predijo la presidenta María Eugenia Casas se considera imposible de cumplir.
Bloqueo
Ayer ya se especulaba con que el fallo no llegará antes de fin de año, y que incluso podría dilatarse hasta el próximo verano, como ayer señalaba «El Periódico». Ante la situación de bloqueo o empate que se da en el seno del tribunal, la posición del magistrado Manuel Aragón -nombrado a propuesta del Gobierno-, contrario a dar patente constitucional a aspectos clave como el uso de los símbolos o del término nación, se adivina clave.
Ante este panorama, la estrategia que se defiende desde el tripartito es clara: si el fallo del TC es negativo, cuanto más tarde mejor. Entretanto «hay que hacer lo que sea», hacia adelante pues y sin mirar atrás. Insistía ayer el conseller Joan Saura a Ep de manera abierta y sin tapujos en la estrategia del «fait accompli»: «Si la sentencia tiene aspectos negativos, cuanto más tarde salga, mejor. Así podremos desplegar en ese periodo los contenidos del Estatut».
En la misma línea se posicionaba la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al asegurar que no le preocupa lo más mínimo el retraso del fallo del TC en tanto que el Estatut está vigente y se desarrolla con plena normalidad.
En un escenario en el que la sentencia del TC, o su ausencia, podría bien solaparse con las elecciones autonómicas -primavera de 2010-, los partidos catalanes comienzan a afinar estrategias. Así, si ERC hasta ahora no desdeñaba el recurso al 150.2, ayer, cuchillo en boca, se tiraba por la pendiente del enfrentamiento calificando esta posibilidad de «pornográfica». Para los republicanos, cualquier sentencia contraria al Estatut es ilegítima.
En el otro extremo, desde el PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho calificaba de «burla» tanto el retraso en el fallo como la posibilidad de desarrollar el texto al margen de lo que diga el TC. Desde CiU se acusó a los socialistas de querer demorar la sentencia para no asumir en elecciones el coste de un fallo negativo.

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