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Ni un minuto en libertad

LA nueva detención del «segundo violador del Ensanche», Alejandro Martínez Singul, traspasa el último límite de la paciencia social con la situación de este violador enfermizo, cuya puesta en libertad en 2007 quizá fuera inevitable por aplicación de las normas penitenciarias, pero desde entonces, y hasta el pasado viernes, era incomprensible, después de los varios intentos de agresión sexual en los que había reincidido. La última, que ha motivado su ingreso en prisión, tuvo como víctima a una niña de doce años, en el ascensor de su domicilio. Este sujeto no debe quedar en libertad mientras siga siendo un peligro para la sociedad. Los puritanos de la rehabilitación del delincuente no pueden ofrecer un solo argumento convincente contra la reclusión que merece Martínez Singul, al que 16 años de prisión no le sirvieron para enmendarse. Quizá sea así porque hay delincuentes incorregibles, a los que se debe aplicar, y cuanto antes, o bien penas a perpetuidad, revisables periódicamente en función de la evolución del reo, o medidas de seguridad privativas de libertad que frenen su peligrosidad. Ya han demostrado de lo que son capaces de hacer y de lo que hacen en cuanto quedan en libertad. Por eso es exasperante la lentitud del Parlamento en aprobar la reforma del Código Penal que permitiría atajar estas situaciones. Martínez Singul no apareció ayer en escena, sino hace muchos años y, especialmente, en 2007, cuando salió en libertad con un pronóstico seguro de reincidencia. Si entonces el Gobierno socialista hubiera impulsado, con la urgencia que imprime a lo que le conviene -como la reforma de la justicia universal- el internamiento de delincuentes peligrosos después de cumplida la condena -similar a la custodia de seguridad, del Derecho alemán-, Singul podría no haber atacado a su última víctima.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite mantener en prisión a quien presenta un alto riesgo de reincidir en el delito. Este caso es un paradigma. Pero habrá que plantearse otras opciones, como la incapacitación civil de este violador, seguida de internamiento forzoso, lo que puede ser instado por el Ministerio Fiscal de oficio. Puede que esta opción judicial presente dificultades e incluso que no sea viable, pero llegados a este punto en el que todos los recursos ordinarios de la justicia penal han fallado, la protección del ciudadano frente a un depredador sexual es la prioridad absoluta, y a ella deben someterse jueces, fiscales y legisladores. Lamentablemente, hay personas que no saben ni puede vivir en libertad, personas que hacen fracasar la más benévola de las teorías sobre la rehabilitación del delincuente.

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