Sábado, 10-10-09
V. SANTIAGO
SANTANDER. El padre de la alumna que presuntamente agredió al director del colegio público «Nueva Montaña» será juzgado por un delito contra un funcionario público, tras aplicar la Fiscalía el criterio de considerar «autoridad pública» a médicos y profesores, siempre que se dan actos violentos contra ellos en sus ámbitos laborales. De esta forma, los hechos se juzgarán por la vía penal y no por la administrativa.
Por el contrario, no tendrá consideración de delito la denuncia que el padre interpuso, a su vez, contra el docente. Ésta seguirá su curso con la consideración de «falta de maltrato», así denominada porque el padre no requirió asistencia médica tras el altercado con el director.
Por este cambio de consideración jurídica no pudo llevarse a cabo el juicio de faltas previsto para ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander, encargado de llevar el asunto por encontrarse de guardia. En este juzgado se verán las dos demandas cruzadas en un juicio rápido. Las dos personas en conflicto serán citadas a declarar por el juez y después serán convocados a una comparecencia previa que podría tener lugar el próximo jueves a puerta cerrada.
En ese momento, acusaciones y defensas expondrán las penas que solicitan en cada caso. Si las partes no llegaran a un acuerdo, el caso se trasladará a un Juzgado de lo Penal, para lo que tendrá que señalarse una nueva fecha.
Considerar «autoridad pública» a funcionarios de los ámbitos sanitario y educativo se basa en una circular que transmitió la Fiscalía General del Estado a diversas comunidades autónomas. Ante las consultas de varios órganos autonómicos, la Fiscalía estableció en esa misiva que estos profesionales serán «autoridad pública» siempre que sufran agresiones en el ejercicio de su labor profesional. Precisamente esta cuestión ha provocado un gran debate meses atrás en varias comunidades, sobre todo en Madrid, donde su presidenta, Esperanza Aguirre, anunció una modificación legislativa para convertir a los profesores en «autoridad pública» debido a la escalada de agresiones que estaban sufriendo.
Ya entonces la Fiscalía General del Estado recordó que ésta es su tesis y que así se había comunicado a las fiscalías de todo el territorio nacional.Aun así, han sido varios los sindicatos con representación en la Enseñanza y la Sanidad que han insistido durante las últimas semanas en propiciar este cambio en la ley. Ayer mismo, en Cantabria, el sindicato CSI-CSIF lamentó la agresión sufrida por el director del colegio «Nueva Montaña».
