Las trabas administrativas a los servicios sustraen al conjunto de la economía española entre un 4% y un 7% del Producto Interior Bruto (PIB), según un estudio de la Comisión Europea al que se refirió ayer el presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada, durante el acto de presentación en Madrid del Libro Marrón sobre la «transposición de la Directiva de Servicios». Teniendo en cuenta que cada punto porcentual del PIB equivale, aproximadamente, a 10.000 millones de euros, la cifra de las pérdidas oscilaría entre los 40.000 y 70.000 millones.
Uno de los sectores que ha sufrido en mayor medida este tipo de obstáculos a la competencia es el de la distribución comercial, que, como recordó Boada, padece «la mayor carga regulatoria de la Unión Europea». Asimismo, hizo hincapié en que la adopción en la legislación española de la Directiva de Servicios -proyecto que se remonta a 1999, con el que se pretenden derribar las barreras administrativas y legales para configurar un mercado único de servicios en la Unión Europea- «no va a ser fácil», puesto que obligará a modificar alrededor de 100 leyes, 400 decretos y más de 6.000 normas de ámbito autonómico y local. En el caso de distribución comercial, por ejemplo, se espera que reciba 700 revisiones legislativas, indica Ep.
Contra el Estatuto catalán
Es, precisamente, en el capítulo sobre las consecuencias económicas de la nueva regulación, escrito por Fernando Eguidazu, donde el Libro Marrón carga contra la configuración del mercado en el seno sistema autonómico español. «No es posible deslindar los efectos perversos de una mala regulación, en general, de los de la ruptura de la unidad de mercado» ocasionada por la existencia de «17 marcos regulatorios distintos y, con frecuencia, contradictorios». Eguizadu, director general de Ordenación Económica de 1981 a 1982 y Economista del Estado, denuncia que el marco de las autonomías ha generado «un efecto multiplicador del número de normas» con el consiguiente aluvión de trabas burocráticas y «peregrinación administrativa». Esta situación golpea a un sector que, como recordó la secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, también presente en el acto de presentación de la obra y autora de su prólogo, resulta «clave» para garantizar un mayor crecimiento económico y mejorar las cifras de empleo.
En el texto, el estatuto de Cataluña recibe una mención especial. El coautor del Libro Marrón arremete contra el régimen institucional catalán acusándolo de alejar la normativa autonómica de la «racionalización» y «simplificación» necesaria en el mercado. «La nueva generación de estatutos autonómicos inaugurada con el texto catalán ha terminado por consolidar lo que se venía anunciando: la incapacidad del Parlamento español y del Gobierno para adoptar programas de política económica».
