CON la cómoda mayoría lograda por el «sí» al Tratado de Lisboa en Irlanda se ha generado un nuevo escenario de déficit democrático dentro de la Unión Europea. Un déficit que está en las antípodas del que fue denunciado por primera vez por los euroescépticos en tiempos del Tratado de Maastricht. Tras conocerse los resultados de Irlanda el pasado sábado se alzaron rápidamente las voces de los negacionistas de la Unión diciendo que queda todavía la barrera unipersonal del presidente checo, Vaclav Klaus, que espera que los recursos constitucionales planteados por miembros de su partido justifiquen que él no rubrique el Tratado ratificado ya por las dos cámaras del Parlamento checo -que son las instituciones competentes para hacerlo-. Esas voces euroescépticas confiaban en que la demora podría llevar hasta el próximo mes de mayo en que, con toda probabilidad, habrá un vuelco político en el Reino Unido y los conservadores -dirigidos ahora por David Cameron- volverán al poder. Muchos en las filas conservadoras habían elevado ya su voz pidiendo un referendo para invalidar la ratificación del Tratado de Lisboa. Al margen de los graves problemas diplomáticos que crearía la anulación antes de su entrada en vigor de un Tratado válidamente ratificado, lo que resultaba inverosímil era que tras lustros teniendo la cuestión europea como el principal causante de la quiebra interna del conservatismo británico, tomar como primera medida la de convocar un referendo sería un despropósito que es evidente que Cameron nunca cometería. El decadente Reino Unido de este fin de reinado laborista tiene prioridades más urgentes.

Afortunadamente, en las últimas horas se ha hecho saber desde Central Office que la convocatoria del referendo ya no es un compromiso y se buscan formulaciones para hacer menos dolorosa esa decisión entre el ala dura del euroescepticismo. Pero conviene tener presente el verdadero déficit democrático que conlleva toda esta cuestión. Los mismos que denuncian el supuesto déficit democrático de la UE en este proceso en el que las instituciones democráticas competentes en cada estado han ratificado el Tratado de Lisboa son los que ahora quieren denegar la autoridad democrática de esas instituciones y encomendar a un nuevo Parlamento británico la tarea de abortar un tratado legítimamente ratificado por un Parlamento tan legítimo como el que haya de salir de las elecciones del próximo mes de mayo. Eso sí que es déficit democrático.