El Ministerio de Fomento presentará al Ministerio de Economía y Hacienda el próximo mes de diciembre un documento definitivo que contendrá la articulación del Plan Extraordinario de Infraestructuras y que no tendrá impacto en el déficit público, según aseguró ayer a este diario un portavoz del departamento de Gobierno que dirige José Blanco.

El texto estará apoyado en el nueva Ley de Captación de Capitales que se encuentra actualmente en revisión en el Consejo de Estado y que permitirá aplicar nuevas herramientas de financiación público-privada que no elevarán los números rojos de las arcas del Estado. El plan Extraordinario de Infraestructuras tiene prevista una dotación de 15.000 millones para inversiones en nuevas obras públicas a ejecutar a lo largo de toda la legislatura de forma adicional a los presupuestos anuales del Ministerio de Fomento que en 2010 marcarán un récord de inversión.

Hacienda, como informó ayer ABC, no aceptará ninguna fórmula que suponga elevar el déficit del Estado que este año rondará ya el 10%, y las propuestas que hasta ahora había recibido desde el Ministerio de Fomento suponían, a su juicio, un riesgo futuro para las cuentas públicas, Además, el departamento de Gobierno que dirige Elena Salgado acaba de asumir la concesión de créditos participativos por más de 1.300 millones de euros a las concesionarias de las autopistas radiales de Madrid para evitar su quiebra, ante el incumplimiento de las previsiones tanto en el uso de estas vías como en el coste de las expropiaciones. La preocupación entre las grandes empresas del sector es palpable. La licitación ha caído alrededor del 50% en lo que va de año, lo que promete que los próximos años serán difíciles. Seopan, la patronal del sector constructor, aseveró que 15.000 millones de euros invertidos en nuevas infraestructuras generarían 283.650 nuevos empleos entre puestos de trabajo directos e indirectos, y permitirían al Estado recaudar 7.820 millones de euros, el 50% del coste del total invertido.

Un importe que se deriva de las prestaciones por desempleo que se ahorraría el Estado, de las cotizaciones sociales que ingresaría gracias a los nuevos trabajadores y del aumento de la recaudación derivada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) como consecuencia de los incrementos de las transacciones económicas.