LOS pescadores del caladero somalí llevaban semanas advirtiendo al Gobierno del peligro que les acechaba y, al final, se han cumplido sus temores. El secuestro del atunero «Alakrana» no es en modo alguno un suceso inesperado para sus víctimas, y tampoco para el Ministerio de Defensa, que estaba perfectamente advertido. El área de vigilancia encargada a la operación europea «Atalanta» es inmensa y no se puede garantizar una cobertura completa, ni siquiera con los medios más avanzados, pero seguramente había alternativas mejores que la receta de recomendar a los armadores que embarcasen a su propia seguridad privada.

En todo caso, la fragata Canarias ha intervenido de la mejor forma posible, con la profesionalidad de la que la Armada española puede hacer gala. El asalto y detención de dos piratas que salían del «Alakrana» se ha hecho con la necesaria contundencia y, pase lo que pase, el Gobierno debe garantizar que los dos detenidos sean adecuadamente juzgados y castigados. Teniendo en cuenta que, en este caso, los hechos han tenido lugar en un pesquero de bandera española, sería deseable, además, que fuera la Justicia española la que garantizara el castigo a los asaltantes. Aunque los piratas, por el momento, estén permitiendo que la tripulación del pesquero hable con sus familiares, un secuestro es un hecho delictivo gravísimo que no puede quedar impune, lo que obliga a replantearse los medios que la comunidad internacional tiene que desplegar en la zona para mantener la navegación y la pesca en aquellas aguas.

No es de mucha utilidad pensar que las cosas se resolverían si en Somalia no hubiera desaparecido el Estado desde hace mucho tiempo, porque por desgracia todavía tardará mucho en haber allí una autoridad digna de ese nombre. Los que fían la solución a la capacidad de los somalíes de controlar sus propias aguas territoriales pueden esperar sentados, porque eso no sucederá ni a corto ni a medio plazo. Por ello, si es necesario y técnicamente posible, esta es una situación en la que está plenamente justificado el uso de la fuerza militar, como han hecho otros países -sin ir más lejos, Francia- cuyo apoyo en este caso es de agradecer. A pesar de las conocidas aprensiones del presidente del Gobierno, la sociedad española perdonaría antes un error en la acción, que por supuesto nadie desea, antes que una nueva humillación ante los piratas de la zona.