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El Gobierno sale al rescate de las concesionarias de las autopistas radiales de Madrid

Otorgará préstamos participativos a estas empresas, ampliará los plazos de la concesión y les permitirá subir los peajes

Los cálculos no les han salido a las empresas concesionarias de las autopistas radiales de Madrid y el Gobierno ha tenido que salir al rescate para evitar la quiebra del negocio y que sea el Estado el que tenga que hacerse cargo de la concesión, lo que al final saldría más caro para las arcas públicas.

Las empresas concesionarias han tenido que hacer frente a un sobrecoste de hasta el 200% sobre el presupuesto inicial de las expropiaciones por las sentencias judiciales. Pero, además, no se han cumplido las previsiones de uso de las autopistas, sobre todo en el último año o año y medio, por el impacto de la crisis.

Ante esta situación, y para aliviar el problema económico-financiero de estas sociedades, Fomento otorgará préstamos participativos por un importe total de hasta 1.320 millones de euros. De hecho, los Presupuestos para 2010 ya incluyen una primera partida de estos préstamos por valor de 200 millones.

En concreto, los Presupuestos del Estado que han entrado esta semana en la Cámara fijan que el reequilibrio financiero de las cuatro radiales madrileñas —R-2, R-3, R-4 y R-5, que unen Madrid con Guadalajara, Arganda, Ocaña y Navalcarnero, respectivamente—, se realice a través de los citados préstamos participativos. Las sociedades concesionarias de estas autopistas están participadas entre otras por FCC, Caja Madrid, Acciona, Abertis, Itínere, Sacyr, OHL, Cintra y Acciona.

El texto presupuestario establece que los préstamos se firmarán por el plazo de vida que le queda a cada concesión. El interés será el Euribor más 1,5 puntos y se establece un periodo de carencia de dos años, tanto para la amortización del capital como para el pago de intereses.

Asimismo, para generar ingresos adicionales, el Gobierno alargará los plazos de la concesión y permitirá a las empresas aumentar las tarifas del peaje. No obstante, la subida de tarifas es un desincentivo más al uso de las autopistas, por lo que en un momento de crisis como el actual no parece la medida más adecuada. De hecho se plantea que la subida no se produzca en dos años.

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