La minoría les acusa de «romper las reglas del juego» y amenaza con romper el consenso en las plazas clave
Imagen de archivo de una reunión del Consejo General del Poder Judicial | EFE
Las claves
Los nombramientos pendientes
Si la ruptura entre los dos bloques del CGPj no se soluciona, podría bloquearse el nombramiento de varias plazas del TS y presidencias de TSJ
Plante a Caamaño y a Pumpido
Los vocales del grupo conservador escenificarán su enfado hoy con su ausencia de la firma de un convenio entre el CGPJ, el Ministerio y la Fiscalía
Dívar no retiró del Pleno el nombramiento
Los vocales de la minoría pidieron a Dívar, sin éxito, que retirara del orden del día el nombramiento propuesto unilateralmente por la mayoría
El grupo progresista interpreta la fractura
Desde el sector mayoritario se sostiene que los conservadores quieren escenificar una ruptura en el CGPJ para que la APM no esté sola en su llamada al paro
Cuestión de forma, no de fondo
El sector conservador asegura que lo grave no es la categoría de los nombramientos sino el hecho de que los progresistas han roto las reglas del juego
Si la ruptura entre los dos bloques del CGPj no se soluciona, podría bloquearse el nombramiento de varias plazas del TS y presidencias de TSJ
Plante a Caamaño y a Pumpido
Los vocales del grupo conservador escenificarán su enfado hoy con su ausencia de la firma de un convenio entre el CGPJ, el Ministerio y la Fiscalía
Dívar no retiró del Pleno el nombramiento
Los vocales de la minoría pidieron a Dívar, sin éxito, que retirara del orden del día el nombramiento propuesto unilateralmente por la mayoría
El grupo progresista interpreta la fractura
Desde el sector mayoritario se sostiene que los conservadores quieren escenificar una ruptura en el CGPJ para que la APM no esté sola en su llamada al paro
Cuestión de forma, no de fondo
El sector conservador asegura que lo grave no es la categoría de los nombramientos sino el hecho de que los progresistas han roto las reglas del juego
Con una parte de la carrera judicial de nuevo dispuesta a ir a la huelga, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era el contrapunto conciliador, una balsa de aceite en la que no se escuchaba una palabra más alta que otra y que no daba problema alguno al Gobierno de Zapatero. Si algo ha caracterizado el primer año de vida del órgano de gobierno de los jueces ha sido su capacidad de tomar la práctica totalidad de sus decisiones de manera consensuada.
Esa etapa podría convertirse en historia si los vocales del grupo progresista no dan marcha atrás en su decisión de sacar adelante sin el habitual consenso previo dos nombramientos: la presidencia de la Audiencia Provincial de Almería, que ha recaído sobre María Lourdes Molina por 11 votos, y, de forma especial, la vocalía delegada para el Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial, con igual número de apoyos.
«Rodillo»
Fuentes del grupo conservador aseguran que lo grave no es la importancia de esas dos plazas -ambas de segunda categoría- sino la actitud del grupo progresista. «Han roto las reglas del juego, que tan bien nos han funcionado durante un año, para aplicar el rodillo. No han podido aguantarse las ganas», manifiestan enormemente molestos desde las filas de la minoría.
Desde el sector progresista se intenta minimizar el episodio vivido ayer en el Pleno y se le atribuye una intencionalidad política que trasciende del ámbito del CGPJ. «Si se amplifica un desacuerdo en dos cargos menores es porque hay necesidad de escenificar una ruptura para no dejar sola a la APM, que no cuenta con el respaldo de las otras asociaciones en su carrera hacia la anunciada huelga del 8 de octubre. Parece que había voluntad de desacuerdo», aseguran fuentes de la mayoría.
La primera consecuencia de la fractura será la ausencia de los vocales del grupo conservador, entre los que está el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, de la firma del convenio de colaboración que tendrá lugar hoy a la una entre el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el órgano de gobierno de los jueces. Los nueve miembros del CGPJ darán plantón a Francisco Caamaño, a Cándido Conde-Pumpido y a su propio presidente, Carlos Dívar. Un importante golpe de efecto cuando la finalidad del convenio es, nada más y nada menos, que coordinar todos los sistemas informáticos de la Administración de Justicia. Es decir, la famosa conexión que, a decir de casi todos, habría evitado el tristemente conocido «caso Mari Luz».
La segunda y grave consecuencia podría ser el bloqueo de los nombramientos que requieren mayoría de tres quintos (un mínimo de 13 votos). Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han indicado que la intención era pactar un buen número de plazas para sacarlas adelante en los Plenos de noviembre y diciembre. Entre ellas algunas tan significativas como tres del Tribunal Supremo (una de su Sala Penal, otra de la Contencioso-Administrativa y la última de la Social) y las presidencias de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Petición al presidente
Según fuentes del grupo conservador, la mayoría no dio ni siquiera opción de negociar el nombramiento de uno de sus miembros para acompañar a Almudena Lastra en la vocalía de Planificación. Los progresistas llevaron la propuesta a la comisión negociadora y, pese a la oposición de los conservadores, decidieron elevarla al Pleno.
Los vocales conservadores de la comisión negociadora se dirigieron entonces a Carlos Dívar, aunque sin éxito, para pedirle que retirara del orden del día la propuesta unilateral del grupo progresista de nombrar a Almudena Lastra. En el anterior Consejo, ese cargo había sido ocupado por Félix Pantoja y Javier Laorden, el primero progresista y el segundo conservador. En el sector conservador no entienden los motivos por los que una vocalía «transversal», que toca tantas materias, ha dejado de ser doble, especialmente cuando su candidata iba a ser Concepción Espejel, juez de profesión.
Desde el grupo mayoritario del CGPJ se asegura, por el contrario, que hubo intento de acuerdo y que no se consiguió. «No siempre va a haber consenso», replican.
