Mucho se está hablando estos días del informe policial que presuntamente aportaría datos sobre la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de una «caja B». Este informe ha sido descartado en dos ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que preside Juan Luis de la Rúa, que podrían tener que readmitir el informe en el caso de que el Tribunal Supremo se pronunciase en contra del archivo de la ramificación valenciana del «caso Gürtel». Pero hay otra vía por la que el informe retornaría a manos de un juez en el caso de, como ha dejado entrever, la Fiscalía Anticorrupción propusiese que el juez Antonio Pedreira -que instruye el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)- reincorporase el documento.

Según fuentes jurídicas consultadas por Ep, la situación del informe policial ahora mismo es que se encuentra en un «limbo judicial» al no estar sujeto a ninguna de las instrucciones judiciales que se siguen para investigar la presunta red corrupta liderada por el empresario en prisión Francisco Correa en sus diferentes ramificaciones (la del Supremo conducida por Francisco Monterde Ferrer y los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid).

El documento detallaría una persunta trama de financiación ilegal en Valencia, incluyendo grabaciones entre miembros de la «Gürtel» y dirigentes del PP valenciano. Las escuchas, que requieren de una orden judicial, provienen de las actuaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, abiertas el pasado mes de febrero. Las conversaciones del informe, que datan de diciembre de 2008 y enero y febrero de 2009, corresponden a los meses en los que Garzón investigaba la trama. En uno de sus autos, el juez ya hablaba de la necesidad de investigar los indicios de irregularidades en la financiación del Partido Popular de Valencia.
Fuentes del TSJM indicaron que las hipótesis judiciales que se abren son diversas: desde que la Fiscalía Anticorrupción pida ampliar la querella para que el informe se incorpore en la investigación del Tribunal madrileño o que se remita al Tribunal vlaenciano para abrir una causa diferente a la archivada el pasado 3 de agosto por cohecho impropio, debido a la sospecha de financiación ilegal en el seno de un partido regional. Otra de las posibilidades es que el informe policial se podría enviar al Supremo por delito conexo con los hechos que investiga el Alto Tribunal por los presuntos delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.

Informe distribuido entre cuatro organismosAl inhibirse Garzón de la investigación, la Brigada de Blanqueo de la Policía repartió cuatro copias del informe: a la Fiscalía Anticorrupción; a la Fiscalía del Tribunal Supremo; al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); y al Tribunal Superior de Valencia.

Ayer, tanto el PSOE valenciano como la Fiscalía interpusieron ante el Tribunal Supremo sus respectivos recursos de casación contra el archivo del proceso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los recursos se dirigen contra el auto dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Valencia que acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra Camps y otros tres responsables políticos que habían sido imputados, al considerar que los hechos investigados en relación con el «caso Gürtel» no son constitutivos de delito.