El PPCV pedirá de nuevo una auditoría al Tribunal de Cuentas y otra privada
«Ricardo Costa dice que todo lo que hemos hecho en «Alicante» me lo puede pagar, pero lo que hemos hecho en «Barcelona» no». La cita pertenece a una conversación entre Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market en Valencia, y Pablo Crespo, que figura en el informe policial sobre la presunta financiación irregular del PP.
Según el informe, «Alicante» sería la nomenclatura que Orange Market aplicaría a los pagos oficiales con IVA, y «Barcelona» a entregas de dinero en negro, sin factura. Es decir, según dicha conversación, que se produjo en febrero de 2009, Pérez transmitió a Crespo que el secretario general del PPCV se había negado a pagarle sin factura de por medio.
La mayoría de las conversaciones recogidas en el citado documento se refieren a la deuda contraída por el PPCV con Orange Market. De hecho, en otra de las conclusiones, se refleja una conversación en la que Costa le pide a Pérez que «el presidente (Francisco Camps) no se entere» de que le ha pagado. Según fuentes del partido, la Generalitat Valenciana también adeudaba una importante cantidad a Orange Market, al margen del PP.
Según dichas fuentes, Costa pretendía ayudar al empresario para que la Administración valenciana no se «relajase» en el pago al saber que la firma había cobrado ya del PP. Es decir, que la facturación a partido y administración pública no guardaba relación entre sí.
Falta de liquidez
También sobre la deuda del PP versa otra conclusión del informe, en la que se afirma que David Serra (vicesecretario de Organización) elimina «conceptos incontables» de una factura. Según las mismas fuentes, la modificación se debió a que Orange Market pretendía cobrar por trabajos que el PPCV no había encargado, por lo que Serra se negó a pagarlos.
Los retrasos en el pago se debían a la falta de liquidez del PPCV, que -antes de 2007, cuando Costa se convirtió en portavoz del grupo- negoció con la oposición (incluido el PSOE), según las mismas fuentes, para adelantar la subvención que conceden por ley las Cortes Valencianas a los partidos con presencia institucional.
En cualquier caso, la repercusión mediática del informe ha motivado la reacción contundente del PPCV. Tras negar las sospechas de financiación irregular, Ricardo Costa anunció ayer que los populares valencianos remitirán de nuevo sus cuentas -auditadas- al Tribunal de Cuentas. Asimismo, encargarán una auditoría independiente al margen del estudio del citado Tribunal.
En cuanto a la inadmisión del informe por el TSJ valenciano, el auto fue firmado por el juez Juan Montero -el autor del voto particular ante el archivo de la investigación por cohecho impropio contra Camps, Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret-. Es decir, el mismo juez que pedía seguir con la investigación fue el encargado de rechazar el citado documento al no abordar la materia que analizaba el tribunal.
