Aprobada la reforma de la ley que permite el aborto libre las primeras 14 semanas

Según ha informado María Teresa Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros -reunido desde las 9.30 de este sábado, que ha contado con un Rodríguez Zapatero recién llegado de Pittsburgh-, el texto incluye algunas de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Estado la pasada semana , entre las que destaca el refuerzo de la exposición de motivos. En ésta se reconoce que la vida prenatal «es un bien jurídico que merece una protección eficaz, pero siempre teniendo en cuenta la ponderación con los derechos de la mujer embarazada». También se ha introducido en el sistema de información un nuevo apartado, por el que «se informará a la mujer específicamente sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales que conlleva continuar el embarazo o su interrupción», ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno.

Además, se ha modificado el artículo 16, que hace referencia al comité clínico que tiene que valorar aquellos diagnósticos prenatales en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto, supuestos por los que se autoriza el aborto hasta el periodo de 22 semanas de gestación. Así, y según queda redactado este artículo, estará formado por un equipo pluridisciplinar de personas expertas en diagnóstico prenatal, y una vez confirmado el diagnóstico por el comité, será la propia mujer la que decida sobre su intervención. Habrá al menos uno de estos comités en cada comunidad autónoma y su funcionamiento se regulará reglamentariamente. Se han recogido asimismo todas las propuestas aportadas por la Agencia de Protección de Datos para garantizar la intimidad y la confidencialidad, ha dicho De la Vega.

Los aspectos fundamentales no han cambiado, ya que, según el proyecto, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión al menos tres días antes.

De manera excepcional y hasta la semana 22, se podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, para que sea una prestación pública y gratuita. Uno de los puntos más polémicos y que más se ha debatido es el que propone que menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus progenitores, aunque existe un cierto consenso sobre la conveniencia de informarles. Según ha expresado De la Vega, el proyecto aprobado por el Gobierno es «el que más se ajusta a la realidad social española». «Es una ley sensata y ajustada a derecho que, más de dos décadas después de la primera legislación, quiere dar respuesta a las carencias», ha agregado.

Así, y tras defender que la propuesta del Ejecutivo está «en sintonía» con los países del entorno, la «número dos» del Ejecutivo ha subrayado que la voluntad es la disminución de embarazos no deseados. «Que ninguna mujer tenga que enfrentarse a la durísima decisión de abortar», ha dicho, sin penalizar y castigar con la cárcel a ninguna de quienes se sometan a una interrupción del embarazo.