Con el solemne acto de Apertura de Tribunales que, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, tendrá lugar hoy en la sede del Tribunal Supremo, quedará inaugurado un nuevo curso judicial. Y lo hará bajo la espada de Damocles de una nueva jornada de huelga, convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) para el 8 de octubre ante la falta de concreción del Gobierno de sus planes respecto a la Justicia.

A pesar del tiempo que ha transcurrido -Caamaño tomó posesión como ministro el pasado 24 de febrero, seis días después de la anterior e histórica jornada de paro judicial-, seguimos sin ver «avances significativos», se quejan en la APM.

La amenaza de esta nueva huelga preocupa en el Ministerio. El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, mantuvo la pasada semana reuniones con representantes de las distintas asociaciones de jueces, pero por separado. Les contó su plan de actuación -el mismo que fue aprobado el viernes por el Consejo de Ministros-, pero no satisfizo a los jueces. «Sigue siendo una declaración de buenas intenciones, de medidas genéricas, sin concretar ni plazos ni presupuesto», indicó Antonio García, portavoz de la APM. «Nos han explicado lo que tienen previsto poner en marcha de forma más inmediata. Pero han presentado un plan genérico, sin precisar», coincidió Miguel Ángel Gimeno, de Jueces para la Democracia (JpD).

Sendas diferentes

El paso siguiente del departamento que dirige Caamaño será mantener una reunión con todas las asociaciones el próximo día 29, durante la que hará entrega a sus representantes de un documento con los detalles de su plan.

Si bien la impresión extraida por los portavoces de APM y JpD de la reunión con Juan Carlos Campo coincide, sus planteamientos de futuro parece que seguirán sendas muy diferentes.

La APM salió del encuentro con el convencimiento de que la única opción que le queda a la carrera es una nueva huelga; una protesta en la que los jueces vuelvan a actuar unidos y en defensa de los mismos intereses, independientemente de que sean o no asociados y, en ese caso, de su adscripción a una u otra asociación. Desde la APM, que es mayoritaria en la carrera y que incluso en la etapa más dura de las relaciones con el Ministerio, cuando su titular era Bermejo, se mostró muy prudente frente a la convocatoria de huelga, advierten que sólo se plantearían desconvocar el paro si comprobaran un sustancial incremento en la inversión en materia de Justicia y la concreción del presupuesto que se va a destinar a ella en 2010; y, si perciben un avance real en las reivindicaciones que las cuatro asociaciones, que representan a la mitad de la carrera, acordaron en un documento el 12 de enero.

Una cifra variable

Respecto del primero de esos puntos, fuentes de la APM aseguran que los 600 millones de euros adicionales para los próximos tres años que Zapatero prometió han quedado reducidos a 180 millones anuales (en total 540 millones); y que, en cualquier caso, no es una cantidad que en este momento esté garantizada, pues depende de cómo se desarrolle la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

Sobre las reivindicaciones, en la APM señala que no se ha producido ningún avance y que Justicia sigue hablando, en términos generales, de la puesta en marcha de la oficina judicial, de un incremento «insuficiente» del número de jueces o de la inversión en medios informáticos.

En términos similares explicaron fuentes de JpD el contenido de su reunión con el secretario de Estado: reformas procesales (sin fecha), reforma de la Ley de Planta (el comité de sabios se constituye el día 24 y tiene un plazo de seis meses para emitir su informe), presupuesto para Justicia sin aprobar...

Así las cosas, la impresión que han sacado unos y otros es que el departamento de Caamaño ha querido dar un paso al frente y «vender» su proyecto a los jueces y a la opinión pública con la intención de neutralizar la nueva llamada al parón judicial. Sería la segunda vez en un mismo año.