LA prostitución casi debería estar prohibida, dice Pérez Rubalcaba. O sea, ser un Casi Delito, nueva figura penal que se le ha ocurrido, en plena entrevista, sobre la marcha, al ministro de ya saben. Es una forma, evidentemente, de no decir nada, de ponerse de perfil de forma conmovedora, de no proponer solución alguna en un debate abierto que vuelve, recurrente, como las aguas de septiembre. La prostitución, si se plantea como un acuerdo entre dos adultos mediante el cual se ofrece favor sexual a cambio de un determinado tipo de compensación, mayormente económica, es un terreno acotado por la libre decisión de dos personas en las que no tiene nada que decir ni siquiera Alfredo el Químico. Debe intervenir la autoridad, por supuesto, en aquellos casos en los que se violen derechos elementales relacionados con la libertad individual: si una organización de malhechores coacciona y amenaza a unas jóvenes para que se prostituyan en cualquier tipo de condiciones, éstos deben ser detenidos y juzgados. Si otros hombres o mujeres producen mediante su comportamiento cualquier tipo de escándalo público, deben ser reconvenidos según la ley. Y si no hay ley suficientemente clara, debe hacerse. Pero si una pareja mayor de edad se localiza mediante canales discretos de contacto, quedan en un piso y proceden a fornicar, ofreciendo uno sus encantos y el otro su dinero, ahí no tienen nada que decir ni el gobierno, ni el vecindario, ni el susumcorda. Ni siquiera la ministra de Igualdad, que a buen seguro no soportaría la tentación de ponerle algún pero a la situación. La prostitución, como tal, no tiene por qué ser delito; sí lo tiene que ser todo aquel comportamiento delincuencial que se adose a ella. Por desgracia, es más que habitual que bastantes jóvenes ejercientes se encuentren realizando el servicio de forma involuntaria, que residan en nuestro territorio de forma irregular, que sean privadas de libertad o que sean extorsionadas por mafias inhumanas: contra esa situación hay que intervenir de la misma forma que se interviene contra los talleres ilegales en los que se hacinan a cientos de chinos a coser manteles. Díctense normas que restrinjan y controlen con toda energía el mínimo asomo de violencia contra la mujer, evítese toda posibilidad de esclavitud sexual y persígase hasta la extenuación a aquél o aquellos que trafiquen con mujeres o que fuercen a menores a ejercer comercio sexual. Métaseles en la cárcel el tiempo que corresponda, pero no se pongan cursis: en países en los que la prostitución está teóricamente prohibida nadie puede impedir que dos personas se pongan de acuerdo en horizontalizarse mediante el intercambio que corresponda. Los anuncios de prensa en los que se aventan las supuestas virtudes de mujeres -y hombres también- prometiendo nirvanas inolvidables en sesiones de media hora son un ejemplo de la más elemental de las libertades de expresión. ¿Dónde se pone el límite? ¿Se confía al buen gusto del editor? ¿Si los anuncios exhibiesen técnicas sofisticadamente subliminales servirían para detener la indignación que le producen a muchos? Prohibir la prostitución no es un empeño realista. Es bienintencionado, si quieren, pero parece excesivamente infantil. La legislación no podría prohibir el contacto entre cliente y suministrador en, por ejemplo, la red de Internet, donde basta que se aclare que se trata sólo de un ofrecimiento para charlar al calor de una chimenea para que todos los vigilantes morales tengan que callar: ¿cómo se prohíbe eso? Es evidente que se puede controlar o regular la exposición pública y callejera y el escándalo más elemental, como, por ejemplo, el que evidenciaban unas fotografías de prensa en las que se realizaban felaciones en plena calle barcelonesa; como también lo es que a quien hay que proteger es a esas mujeres por las que habría que preocuparse; como lo es que sobre quien hay que cargar sanción es sobre el succionado, no sobre la succionadora. Pero también lo es que ponerle puertas al mar es una tarea difícilmente abordable. O sea, una Casi Tarea.