A tres semanas de una nueva jornada de huelga de los jueces (el 8 de octubre) que no ha sido por el momento desconvocada, el Consejo de Ministros aprueba hoy el ansiado Plan de Modernización de la Justicia con el anuncio del mayor incremento de jueces y fiscales de la historia de la democracia. Así lo aseguró ayer el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, en un encuentro con los medios de comunicación en el que, si bien adelantó los ejes que vertebran ese plan (que cuenta con más de cien actuaciones), no se aventuró a ofrecer cifras concretas para no «reventar» la comparecencia del ministro Francisco Caamaño tras la reunión del Consejo de Ministros.

De cualquier forma, y aunque desde el Ministerio se niega que la presentación del plan tenga relación con la nueva jornada de paro (se presenta ahora porque es cuando está listo y «consensuado con todas las partes», dicen), muchos consideran que se trata de un intento de neutralizar esa huelga, máxime cuando ya conocidas las líneas de actuación por parte de las asociaciones judiciales, con las que el ministerio se reunió el miércoles, éstas se muestran todavía escépticas con las soluciones del Gobierno para la Administración de Justicia.

Muestra de esa incredulidad son las palabras del portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, que asegura que ese plan «no va a servir más que para parchear una vez más la cuestión judicial» y recuerda que «los problemas son mayores que antes de irnos de vacaciones».

A falta de conocer las cifras concretas de este plan, y si la Administración de Justicia contará en los próximos tres años con una inyección de al menos los 600 millones de euros adicionales comprometidos por el presidente del Gobierno y el propio Caamaño, el secretario de Estado aseguró ayer que el plan de modernización recoge el 85 por ciento de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales, relacionadas con la revisión de la planta judicial, la carga de trabajo, el sistema de sustituciones, la implantación de la oficina judicial o la conciliación laboral y familiar. En este último punto los jueces pedían la supresión del traslado forzoso por ascenso, que hace que muchos juzgados en localidades pequeñas queden vacantes cuando su titular sube de categoría y es obligado a ocupar otra plaza en otro lugar. Según anunció Campos, esta es una de las reivindicaciones recogidas en el plan de modernización.

Juez territorial

La iniciativa del Gobierno gira en torno a seis ejes: la instauración de un servicio público de calidad, de una Justicia titular y altamente cualificada, tecnológicamente avanzada, que mire al ciudadano, que provenga de una «comunión» de esfuerzos y que se fortalezca también en el ámbito internacional.

Una de las mayores sorpresas hoy será la cifra en la que el Ejecutivo tiene previsto incrementar la planta y plantilla judicial. También es una novedad la creación de la figura del juez de adscripción territorial, un juez no adscrito a ningún órgano concreto que funcionará de apoyo o sustitución de los juzgados de la provincia en la que esté destinado.