«Si no llego a encerrarme, me mata»

Según ha podido saber ABC, en su declaración delante del magistrado, Miguel Ángel y María José relataron con detalle lo sucedido. También lo hizo V. A. M., pero este último lo negó todo. El magistrado abrió diligencias previas, solicitando pruebas médicas de las agresiones, para instruir el caso y fijar una fecha (dentro de un mes o mes y medio) para celebrar el juicio por la vía penal.

«La tiró por los aires»

«A mi no me agredió porque la policía lo evitó, y mientras los agentes lo sujetaban en el suelo, continuaba insultándome. Ahora siento miedo de ir a mi trabajo, y si no llego a encerrarme, me hubiera matado», explicaba Miguel Ángel al titular del juzgado. El jefe de estudios reconoció haber agarrado del brazo al hijo de V. A. M., que no paraba de moverse en el comedor, para evitar que chocara contra una columna, pero «negó que el niño presentara marca alguna y que ese mismo día les explicó a los padres lo sucedido, quienes le agradecieron la información en actitud tranquila». La sorpresa, tal y como explican, fue a la mañana siguiente cuando el progenitor entró en el colegio —explicó la directora— por un lugar no autorizado, el comedor, profiriendo insultos y amenazas contra todos los empleados de la institución.

Con mayor entereza que Miguel Ángel, parecía afrontar María José Fuente ayer por la mañana la declaración en el juzgado, a pesar de la dureza de sus vivencias. A preguntas de la Sra. Fiscal, declaró que le llamaron la atención las palabras del denunciado, por los insultos, las voces y la contundencia de sus palabras: «¿Dónde está el hijo de puta, chulito?, que lo voy a matar»; y que cuando ella intentó calmarle se dirigió a ella diciéndole: «Tú eres una niñata de mierda, márchate de aquí que lo haces todo al revés». Con claridad, Fuente, repasó de nuevo su declaración del día anterior, asegurando que V. A. M. «la golpeó con la mano abierta a la altura del pecho, la lanzó hacia atrás, lo que motivó su caída y un golpe en el coxis contra el suelo, tras lo cual presenta magulladuras en el coxis, las rodillas y antebrazo».

Por su parte, Miguel Ángel, que en ese momento permanecía recluido en los despachos, «intentó salir para ayudar a su compañera, pero el resto del claustro se lo impidió» —para evitar que V. A. M. lo agrediera también— cuando vio que el supuesto agresor «tiró por los aires a la directora».

La entereza de la directora se mantuvo, hasta la salida de las dependencias judiciales, cuando, con voz quebrada expresó su agradecimiento a las autoridades, medios de comunicación y padres de sus alumnos y defendió que «la Ley de Autoridad del Profesorado propuesta por Esperanza Aguirre ayudará a la Educación, al tiempo que pidió que no vuelva a ocurrir un incidente de este tipo».

No era la primera vez que padre y responsables del centro se encontraban en una situación similar y las víctimas recibían amenzas. El relato de los acontecimientos detalla que «a finales del año anterior tuvieron un incidente con él, cuando se presentó en una reunión de padres y les amenazó».

«No recuerdo golpearla»

A última hora de la mañana de ayer, el magistrado del juzgado de guardia de detenidos, recibió a V.A. M. que sólo reconoció haberse dirigido al colegio y entrar en él para requerir explicaciones por agarrar a su hijo, pero que «no entró gritando, ni insultando, y que, él recuerde, no golpeó a la directora, y en ningún momento la vio caer al suelo».

El jefe del tribunal decidió por tanto abrir nuevas diligencias pese a que las presuntas víctimas y agresor, fueron explorados por el médico forense de guardia antes de la declaración de ayer, para requerir más pruebas y aportarlas en la instrucción, pues la versión de V. A. M. se contradice con la del jefe de estudios y directora.

«A él le dijeron que el responsable de las clases estaba en el despacho y allí se dirigió, pero no le dejaron entrar». Respecto a la presunta llamada a una persona de nombre Iñaqui, a quién según Fuente, él habría llamado, V. A. M. rechaza totalmente haberla realizado y pide que se compruebe su listado de llamadas para confirmarlo».

Cuando el presunto acusado finalizó su declaración, salió de la sala esposado y fue conducido al calabozo, para a continuación y por orden del Juez, fue puesto en libertad provisional con una orden de alejamiento de 500 metros de las víctimas y su centro laboral.

Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid solicitarán en su escrito de acusación, una vez fijada la fecha del juicio penal, la condena de uno a tres años y multa de hasta 2.000 euros, por un delito de atentado contra la autoridad y otro por falta de lesiones (por la agresión a la directora).