Los padres de los siete menores detenidos por la Policía en los disturbios de Pozuelo de Alarcón han recurrido las medidas impuestas por el juez. Según ha podido saber ABC, ayer, último de los cinco días con los que contaban los responsables legales de estos adolescentes para presentar el correspondiente recurso, se presentaron cuatro. Los otros tres ya lo hicieron la semana pasada.
Sin embargo, esto no es óbice para que los chavales, de entre 15 y 17 años, cumplan con esas medidas de libertad vigilada, habida cuenta de que ya han comenzado a hacerlo y de que la resolución de los recursos podría llegar más tarde de los tres meses impuestos como castigo.
El padre de uno de los menores explicaba ayer a este periódico el porqué de su recurso: «Estamos convencidos de que nuestro hijo ha sido detenido equivocadamente. Puede parecer una medida floja la decretada por el juez, pero hemos recurrido porque es inocente. Se han practicado detenciones anómalas», afirmó.
Como ya adelantó ABC, las medidas impuestas por el juez de menores incluyen desde que estos chicos no podrán asistir a ningún festejo patronal en los próximos tres meses a permanecer en libertad vigilada durante ese tiempo. Deben acudir dos días a la semana a un centro de día, para presentarse y asistir a unos cursos socio-saludables.
Más diligencias
Todo esto, en el flanco judicial que corresponde a las diligencias abiertas contra los menores de edad; porque, en el otro frente abierto, el que atañe a los 13 detenidos mayores de 18 años, continúa el recorrido judicial.
Como ya se informó, el juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo, que lleva el caso, decidió, una vez tomada declaración a los acusados, dejarles en libertad, pero manteniendo la imputación. Cuando pasaron a disposición judicial, la Policía les acusaba de desórdenes y atentado a la autoridad. Sin embargo, la juez ordenó practicar nuevas diligencias encaminadas a discernir la participación más o menos activa de los sospechosos, su grado de imputación y sobre qué delitos concretos.
Por ello, las fuentes judiciales consultadas indicaron que el grueso de esas diligencias consistirá en la declaración de todos los policías que salieron heridos de los disturbios y de aquellos que practicaron detenciones -alrededor de una veintena-; pero también en el visionado de las grabaciones de cámaras de seguridad, así como de aquellos vídeos colgados en internet y aparecidos en medios de comunicación. Además, la juez no descarta llamar a declarar una segunda vez a los acusados, momento en que se les comunicará su grado de imputación. También se contrastarán, como es evidente, las declaraciones de los agentes con la de los detenidos. Tres de ellos reconocieron su participación en los hechos.
Sin embargo, al cierre de esta edición, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana no se había recibido notificación oficial alguna por parte del juzgado para la aportación de pruebas. Es probable que la juez esté esperando a la declaración de los agentes -los más graves no podrán testificar aún, pues se encuentran de baja y ni siquiera han sido explorados por el forense- para continuar con las diligencias previstas.

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