Auténticas ampollas es lo que levantó anoche en el Gobierno de Israel el implacable informe de la ONU que ha concluido como probado que, durante la ofensiva militar del Ejército judío contra Gaza que dejó más de 1.400 muertos el pasado invierno, se cometieron «crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la Humanidad». El hecho de que Naciones Unidas acusara en los mismos términos también a Hamás por lanzar «indiscriminadamente» cohetes a suelo judío en un «ataque deliberado contra la población civil», no aplacó el rechazo israelí al documento, que tacharon en todo caso de «claramente parcial».

La primera respuesta a la condena de la ONU estaba preparada. De forma inmediata el Ministerio de Exteriores de Tel Aviv colgaba en Internet una web especial que, bajo el título «Gaza. Hamás. Conflicto. Hechos», defiende que Israel no tuvo más opción que «lanzar una operación militar contra Hamás», circunstancia que –a juicio del Gobierno- ha sido obviada por la ONU viciando por completo sus conclusiones. «La misión prejuzgó los resultados de la investigación (…) ignorando los miles de ataques de misiles de Hamás contra civiles en el sur de Israel que hicieron necesaria la intervención», lamentaba en un comunicado el departamento, que recuerda que por esos motivos, Israel nunca cooperó en las pesquisas .

Pero si el informe de Naciones Unidas no fue en sí ninguna sorpresa para Israel, si lo constituyó la severidad de las acusaciones. «Sabíamos que iba a ser tendencioso, pero no imaginamos que podría ser tan duro», reconocía la embajadora israelí ante la ONU, Gabriela Shalev en vista del imponente pliego de cargos. Según el organismo internacional, Israel utilizó como blanco a toda la población de Gaza en una política de «castigo colectivo» iniciada en 2007 con el embargo a la franja, y que en invierno incluyó el bombardeo de viviendas, fábricas o pozos en un intento por «negar el sustento» a los civiles.

Eso, dice la ONU, pueden considerarse «crímenes contra la Humanidad», susceptibles de ser llevados ante el «tribunal competente», que en último término se sugiere que sea la Corte Penal de la Haya. No obstante, el juez Richard Goldstone al frente de la misión, recomienda que el Consejo de Seguridad obligue primero a Tel Aviv y a Gaza a investigar en seis meses de forma independiente lo ocurrido.

Para Naciones Unidas, esos ataques a civiles se debieron a «decisiones políticas deliberadas», habida cuenta e la planificación y de la «mejor tecnología» con la que se llevó a cabo la operación. Pero de «ataques deliberados a civiles» también inculpa a Hamás por el lanzamiento de cohetes que “no distinguen entre civiles y combatientes” cuando explotan en suelo israelí. Eso, criticaba el portavoz islamista Ismail Radwan, equipara «a víctimas y verdugos».