Dos años después de la detención del que hasta entonces había sido subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduardo Planells, acusado de haber favorecido a una red mafiosa mediante la concesión de permisos de residencia y trabajo a miembros de la mafia georgiana, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha confirmado que existen suficientes indicios incriminatorios contra el político socialista, al que imputa los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Así lo asegura el magistrado en un auto en el que se inhibe en favor de los Juzgados de Barcelona para que continúen investigando a Planells y al resto de imputados por este supuesto trato privilegiado a una organización criminal.

Andreu comenzó a instruir esta causa, dirigida, además de contra el ex subdelegado del Gobierno, contra dos de sus ex colaboradores, un empleado de una gestoría y otro del consulado ruso, en 2007, al estar relacionada con unas diligencias previas incoadas por este magistrado en 2005 contra miembros de la misma organización criminal. En lo que se conoció como «operación Avispa», que se cobró una treintena de detenciones, los delitos investigados eran blanqueo de capitales, insolvencia punible, asociación ilícita y falsedad documental.

Permisos de residencia

Durante los registros practicados en el marco de las diligencias previas de la mafia rusa se intervino en el domicilio de Vazha Bogveradze varios documentos relativos a solicitudes de permiso de residencia y trabajo de varias personas de nacionalidad georgiana. Tras analizar la documentación la Policía Nacional concluyó que los componentes de esa estructura criminal encabezada por el fugitivo Tariel Oniani «habrían extendido sus influencias a instituciones públicas». Y ello porque todos los expedientes hallados «habían sido tramitados por la Subdelegación del Gobierno de Barcelona». Uno de los documentos estaba fechado el 7 de mayo de 2001, firmado por Planells y en él constaba que se hacía entrega del mismo a Malchas Tetruashvili, quien supuestamente actuaba en nombre de una ONG a la que automáticamente se concedían los permisos.

Andreu asegura que la actuación de Planells iba más allá de dar «un trato arbitrario e injustificado» a Tetruashvili y al también imputado Ssalak Ben Sayan, puesto que también «aleccionaba a funcionarios subordinados a él para que tramitaran favorablemente y/o con una preferencia que no les correspondía diversos expedientes presentados en nombre de empresas propiedad de Tetruashvili y requería a funcionarios también subordinados para que tramitaran determinados expedientes según su conveniencia y directrices».

Contradicciones

Entre los numerosos expedientes firmados por Planells figuran distintas empresas de Tetruashvili en la vida laboral del solicitante en cuestión; en otros casos los permisos de trabajo o residencia se resolvían en tiempo récord, algunas en el acto. También se dan contradicciones en las anotaciones practicadas en expedientes, de forma que una solicitud de residencia temporal con una nota inicial que rezaba «proceso penal en trámite de espera» se transformaba en una autorización explícita por «cumplir los requisitos de normalización». Otro caso que plantea el magistrado es el de «un folio en el que figura una fotografía tipo carné de una tal Irina (Belyavskaya) en la que figuran unas anotaciones manuscritas: «Exped. Que es de la Subdelegación Sr. Planells», con una firma ilegible a la que le sigue «le faltan 3 meses para los dos años, pero se le dé (sic)»».

Para Andreu «resulta relevante que de los diez expedientes a Doña Irina Belyavskaya (secretaria y compañera sentimental de Tetruashvili, con la que tiene una hija), y pese a que cuatro de ellos le fueron denegados, de los concedidos dos lo fueron el mismo día de su solicitud y del resto, dos en un intervalo de nueve días, y otros dos en cinco o seis meses. La firma del imputado Planells figura en tres de los (seis) expedientes concedidos». Sobre el ya mencionado Ben Sayan afirma Andreu que este imputado «fue objeto de recomendaciones por parte de Planells, de forma que éste influyó en la decisión y en la tramitación de los expedientes de extranjería de aquel». Sayan y Planells también han compartido vínculos en dos sociedades mercantiles: «Laura y Sofía Corporation S.L.» e «Inversiones Reunidas Barcelonesas S.L.».