Garzón niega que prevaricara y mantiene que su actuación se ajustó a la legalidad
Cerca de sesenta preguntas contestó ayer el juez Baltasar Garzón durante las dos horas que duró su declaración como imputado ante el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela. En cada una de sus respuestas, un Garzón serio, correcto y, según algunas fuentes, algo tenso y ... seco, trató de explicar los pasos procesales que dio durante la instrucción de la causa sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, así como las razones que primero le llevaron a declararse competente, y después a inhibirse en favor de los juzgados de las localidades donde fueron halladas las fosas comunes. Según las tesis de la acusación, el magistrado de la Audiencia Nacional prevaricó al haber mantenido abierto ese procedimiento a sabiendas de que no era competente.
Lectura exhaustiva
Garzón llegó puntual a la cita, y a las doce y cuarto de la mañana hacía su entrada en el Palacio de Justicia por la puerta del público, no por la reservada a magistrados y a autoridades. En su interior le esperaba ya su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda. La comparecencia comenzó a las doce y media, como estaba previsto, y concluyó dos horas después. Garzón, sin embargo, no abandonó el edificio hasta las cuatro y cuarto: empleó ese tiempo en leer y corregir su declaración.
El juez de la Audiencia Nacional se extendió al responder a su letrado, que le formuló unas 40 preguntas. Según fuentes próximas al magistrado, explicó que su instrucción de la causa del franquismo fue como cualquier otra y que los únicos fines que persiguió fueron «averiguar los hechos delictivos, determinar los culpables y, en especial, proteger a las víctimas». Y sobre la petición del certificado de defunción de Franco, Garzón reiteró que lo hizo para dejar en la causa constancia «formal» del fallecimiento.
Garzón también respondió a la media docena de cuestiones que le formuló el fiscal, Luis Navajas, cuya posición -contraria a la admisión de la querella- quedó patente ayer en la comparecencia. Y a la decena que planteó el instructor, Luciano Varela, entre ellas una sobre las normas de reparto de la Audiencia Nacional y otra sobre la calificación de los hechos realizada por Garzón en la causa del franquismo. El abogado Martínez-Fresneda protestó por el contenido «valorativo» de una pregunta de Varela sobre la «Convención de desaparición forzada de personas», pero el juez, de forma correcta aunque tajante, le recordó que le corresponde a él decidir lo que es o no procedente. Aun así, Garzón no tuvo inconveniente en contestar.
Sin respuesta quedó la batería de 150 preguntas que había preparado Jaime Alonso, el letrado que representa a los dos querellantes («Manos Limpias» y «Libertad e identidad»). Garzón se negó a contestarlas. El letrado quiso aportar la copia para que constara en la causa, pero Varela rechazó su pretensión al carecer de valor «jurídico y probatorio».
Las acusaciones querían que el juez respondiera si pretendía abrir una «causa general» al franquismo o si pidió el certificado de defunción de Franco porque «con ello ganaba tiempo» para lograr su «objetivo» de abrir las fosas comunes» y, así, apuntarse el «éxito». También querían haber oído por boca del juez si se inhibió «una vez que no pudo lograr su propósito de levantar las fosas comunes».
Fuentes del Supremo señalan que, pasada la declaración de Baltasar Garzón, al instructor no le quedan más diligencias por practicar. Por ello, y a la vista del contenido de la comparecencia, el próximo paso deberá ser decidir si acuerda el archivo del procedimiento o su remisión a la Sala Segunda para celebrar juicio.
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