Chabolismo en un sector de la Cañada Real / ÁNGEL DE ANTONIO
Orígenes
La Cañada Real servía de paso para el ganado. En el s. XVIII un decreto impidió edificar. Andaluces y extremeños fueron los primeros que se hicieron con parcelas gracias a un decreto de 1974 y comenzaron a construir.
Miércoles, 09-09-09
«Lo que les ha molestado a los ayuntamientos es que también queramos escuchar a los vecinos». La Comunidad de Madrid está convencida de que el trámite del anteproyecto de ley sobre la Cañada Real seguirá su curso a pesar de la oposición mostrada el lunes por los consistorios implicados -Madrid, Rivas y Coslada- por las «novedades» que a su juicio muestra el documento firmado antes del verano. Ese «añadido» al que se refieren los ayuntamientos habla de establecer un plazo de dos años para alcanzar un acuerdo social.
Los consistorios consideran que el Ejecutivo regional «da prioridad ahora a la desafección del suelo sobre la problemática de los realojos». Esperanza Aguirre no pudo ser ayer más clara al respecto. «Nosotros no hemos incluido ningún plazo nuevo para llegar a un acuerdo. Lo de los dos años ya estaba recogido en el texto que aprobamos en julio. Lo único que hemos decidido incluir es la necesidad de hablar también con los vecinos y eso creo que es lo que les ha molestado».
La presidenta regional insistió en que los ayuntamientos podrán hacer después lo que quieran con esos terrenos, y recordó que es necesario marcarse un plazo temporal para que el asunto no se alargue indefinidamente. «Las situaciones en la Cañada son muy variadas. Hay gente en chabolas, pero otros pagan IBI, están censados y son propietarios. Nuestra intención es estudiar, explorar y tratar de encontrar una solución entre todos. Parece que la Comunidad quiere imponer algo, pero sólo queremos acabar con la hipocresía de mantener el uso ganadero de la Cañada», zanjó.
«No será beligerante»
Por su parte, el consejero de Presidencia, Francisco Granados, recalcó ayer que que «el Ejecutivo regional no va hacer nada contra la voluntad de los ayuntamientos afectados por la Cañada». Añadió que, «de hecho, hemos puesto en marcha, a petición suya y de los ciudadanos, una ley, y lo que se apruebe no será beligerante con su opinión».
No obstante, subrayó no saber cuál era la polémica sobre la existencia de dos textos sobre el anteproyecto de ley, el último de ellos modificado y origen de la ruptura del consenso.
«No comparto su opinión. El borrador que se está tramitando y que tiene el CES es el acordado». En cuanto al supuesto «engaño» del que acusaron a la Comunidad por parte de los ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada, el consejero lo negó, rotundo. «Engaño, en absoluto». Granados instó a los tres municipios a que expliquen qué es lo que quieren modificar para tratar de alcanzar un acuerdo. Con todo, quiso subrayar el hecho de que las administraciones se hayan puesto de acuerdo para resolver un problema que cuenta con 50 años de existencia.
Por su parte, la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, una de las cinco administraciones implicadas en la cuestión, se manifestó en la misma línea. «Vamos de la mano de la Comunidad para resolver un problema histórico en el que es imprescindible el consenso para que la solución sea integral». Continúo: «Si ha habido alguna duda interpretativa estoy segura que se solucionará» ya que lo más importante «es el bienestar de las personas que viven allí: las más vulnerables».
