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Pozuelo como síntoma

LA batalla campal desatada el sábado por la noche en Pozuelo de Alarcón es fiel reflejo de una realidad sociológica que exige una seria reflexión. La violencia contra la Policía -incluido el intento de asalto a una comisaría- y la destrucción sistemática del mobiliario urbano son la manifestación externa de un malestar profundo en ciertos sectores juveniles, al margen de su perfil social o de las diferencias territoriales. La familia y la escuela están fracasando en la transmisión de valores no ya positivos sino de simple convivencia. Faltan alternativas razonables de ocio diferentes del botellón y sus secuelas. Sobran, en cambio, modelos que incitan a la violencia y que fomentan el éxito del más fuerte a costa del desprecio a las reglas más elementales de la vida en común. Es indudable que la crisis económica es fuente de ansiedad por falta de expectativas y tampoco es ajena a estos fenómenos la valoración negativa de una clase política alejada con demasiada frecuencia de las preocupaciones reales de los ciudadanos. En este contexto, las fiestas populares, el principio o el final de curso o cualquier otro evento sirven de pretexto para una reacción fuera de control que las fuerzas de seguridad no siempre están preparadas para encauzar por medios razonables.

Pozuelo de Alarcón, una localidad madrileña de alto nivel socioeconómico, es un síntoma de esta dinámica negativa en la que se ha instalado la sociedad española a la hora de integrar a las futuras generaciones en un proyecto común. La pérdida de referencias morales y el desprecio a la autoridad de padres y profesores crean un ambiente de relativismo y desmoralización que se traduce en comportamientos antisociales. Con independencia del debate político, los partidos y las administraciones públicas tienen que coordinar sus esfuerzos para sentar las bases de una convivencia cívica en las calles. Si no se pone remedio a las causas, no tiene sentido quejarse después de las consecuencias. Aunque no solo se puede confiar en la eficacia policial o en las medidas puramente represivas, es imprescindible que los responsables sean sancionados con el rigor que corresponde en un Estado de Derecho. Incidentes de este tipo se repiten con demasiada frecuencia, y en alguna ocasión han producido pérdidas de vidas humanas. Estamos en presencia de un reto para la sociedad española que va más allá de los debates estériles en que se distraen con demasiada frecuencia los políticos, a la vez que ignoran los factores profundos del malestar social.

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