Actualizado Martes, 08-09-09 a las 12:21
Ana Isabel Mariño, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ha señalado que, tal y como explicó el Ejecutivo regional el pasado mes de julio, el borrador de anteproyecto de Ley de la Cañada Real Galiana remitido a los Ayuntamientos incluía plazos en el procedimiento.
Así, según informa la Comunidad de Madrid, se fijó un plazo de dos años para que los ayuntamientos, de acuerdo con la Comunidad, asentaran las bases para afrontar la cuestión social de la Cañada y adaptaran su planeamiento.
Una vez trascurrido ese periodo, conocido por los consistorios, la Comunidad de Madrid tendrá capacidad para decidir qué hacer con los terrenos afectados en la zona.
“Es rotundamente falso que hayamos modificado el texto elaborado antes del verano”, señaló Mariño, quien indicó que “la Comunidad de Madrid no se hace responsable de que tanto Pilar Martínez como José Masa no repararan en que en el documento acordado siempre se fijaron plazos”. Según añadió la consejera, “la intención de la Comunidad es resolver el problema, no mirar hacia otro lado y, por ello, el Ejecutivo regional siempre ha considerado necesario fijar un plazo para evitar que el problema de la Cañada se eternice en el tiempo”.
«No hubo observaciones sobre los plazos»“Da la sensación de que Masa y Martínez, que nunca hicieron observaciones sobre los plazos fijados y ahora rompen el consenso alcanzado, tienen miedo de asumir sus responsabilidades a la hora de abordar un asunto que, según aseguró en julio la delegada de Urbanismo, podía resolverse en 24 horas”, declaró Mariño.
Frente a esa actitud, el Ejecutivo regional “planteó desde el principio una solución consensuada que tuvo como resultado un texto que recogía las reclamaciones y exigencias realizadas por todos los ayuntamientos afectados y que contaba con el beneplácito de todas las partes”, añadió Mariño.
Mariño afirmó además, que “es intolerable que se acuse a la Comunidad de auspiciar operaciones urbanísticas especulativas en la zona, cuando sólo queremos solucionar un problema histórico que otros no han querido o no han sabido resolver antes”.
Finalmente, Mariño recordó que la Comunidad de Madrid ha sido la única administración que ha liderado a través del consenso la resolución de este problema y que, a pesar de ciertas actitudes y declaraciones, es intención del Ejecutivo regional aprobar la Ley.
Así, según informa la Comunidad de Madrid, se fijó un plazo de dos años para que los ayuntamientos, de acuerdo con la Comunidad, asentaran las bases para afrontar la cuestión social de la Cañada y adaptaran su planeamiento.
Una vez trascurrido ese periodo, conocido por los consistorios, la Comunidad de Madrid tendrá capacidad para decidir qué hacer con los terrenos afectados en la zona.
“Es rotundamente falso que hayamos modificado el texto elaborado antes del verano”, señaló Mariño, quien indicó que “la Comunidad de Madrid no se hace responsable de que tanto Pilar Martínez como José Masa no repararan en que en el documento acordado siempre se fijaron plazos”. Según añadió la consejera, “la intención de la Comunidad es resolver el problema, no mirar hacia otro lado y, por ello, el Ejecutivo regional siempre ha considerado necesario fijar un plazo para evitar que el problema de la Cañada se eternice en el tiempo”.
«No hubo observaciones sobre los plazos»“Da la sensación de que Masa y Martínez, que nunca hicieron observaciones sobre los plazos fijados y ahora rompen el consenso alcanzado, tienen miedo de asumir sus responsabilidades a la hora de abordar un asunto que, según aseguró en julio la delegada de Urbanismo, podía resolverse en 24 horas”, declaró Mariño.
Frente a esa actitud, el Ejecutivo regional “planteó desde el principio una solución consensuada que tuvo como resultado un texto que recogía las reclamaciones y exigencias realizadas por todos los ayuntamientos afectados y que contaba con el beneplácito de todas las partes”, añadió Mariño.
Mariño afirmó además, que “es intolerable que se acuse a la Comunidad de auspiciar operaciones urbanísticas especulativas en la zona, cuando sólo queremos solucionar un problema histórico que otros no han querido o no han sabido resolver antes”.
Finalmente, Mariño recordó que la Comunidad de Madrid ha sido la única administración que ha liderado a través del consenso la resolución de este problema y que, a pesar de ciertas actitudes y declaraciones, es intención del Ejecutivo regional aprobar la Ley.
