En cuatro años 91.315 extranjeros lograron la residencia con esta medida excepcional
Los chinos, los cuartos en reagrupación familiar
No son ni mucho menos los más numerosos (143.273 chinos tenían hasta el pasado marzo tarjeta de residencia en vigor), pese a su evidente visibilidad, pero sí uno de los colectivos de extranjeros que más lucha por traer a su familia a España en cuanto puede, a tenor de las cifras. El año pasado 5.938 nuevos chinos llegaron a nuestro país acogiéndose a la reagrupación familiar, y el año anterior esa cifra casi se duplicó. A la cabeza de las reagrupaciones siguen estando los marroquíes, la comunidad extranjera más numerosa asentada en nuestro país con 729.672 nacionales viviendo entre nosotros de forma legal. Los ecuatorianos son los siguientes que de forma más numerosa trajeron a sus familias, seguidos de los peruanos. Como se ha dicho en cuarto lugar estaría la comunidad china y justo a continuación dominicanos y paquistaníes. Con más de un millar de personas reagrupadas están también Argelia, India y Ucrania.
Limitar más el reagrupamiento familiar de los inmigrantes -impedir que los reagrupados traigan a su vez a otros familiares- y restringir la figura de la regularización por arraigo con el objetivo de que los extranjeros que lleguen de forma ilegal a España no puedan obtener su residencia por el mero hecho de vivir o trabajar un determinado periodo de tiempo en nuestro país, como ocurre ahora. Son, a grandes rasgos, las dos enmiendas parciales al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería que tiene previsto presentar el PP en los próximos días, después de que el pasado julio los populares elevaran una enmienda a la totalidad del proyecto del Gobierno, iniciativa que también adoptaron PNV y ERC-IU-ICV.
La «reforma Caldera» del arraigo, como la denomina el PP, «está favoreciendo la entrada de irregulares», según el portavoz de inmigración popular, Rafael Hernando. El arraigo fue concebido como una circunstancia excepcional para obtener el permiso de residencia si el inmigrante llevaba dos años en España y había trabajado uno o si acreditaba que había permanecido tres años en nuestro país.
«Desproporcionado»
En 2004, cuando el PSOE llegó al Gobierno, se concedieron 287 autorizaciones de residencia por arraigo; el año pasado 54.345 y en total, en los últimos cuatro, 91.315, según consta en la respuesta del Gobierno al PP fechada el pasado julio.
Este incremento «desproporcionado» es la base de la enmienda que piensan introducir los populares y que tendrá dos objetivos: evitar que extranjeros que lleguen de forma ilegal se queden en España y eso sea suficiente para conseguir papeles, y además ampliar el tiempo necesario para obtener la residencia por esa circunstancia de arraigo -el PP aún no ha decidido cuál va a ser el plazo temporal propuesto-. Según Hernando, la «excepcionalidad ha dejado de ser tal y se está convirtiendo en una vía normal para legalizarse». No obstante, de los 4.495.349 extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31 de marzo de este año, sólo 68.255 la habían obtenido por arraigo, según datos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.
Las comunidades donde más autorizaciones se concedieron por arraigo fueron las clásicas receptoras de inmigrantes: Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, por ese orden (ver gráfico). Los más beneficiados el año pasado fueron los bolivianos (11.370) frente a las dos personas de la misma nacionalidad legalizadas por ese mecanismo en 2004. A continuación les siguieron nueve mil marroquíes, 3.289 paraguayos, 3.000 argentinos, 2.783 ecuatorianos y a continuación chinos, colombianos, ucranianos, uruguayos y paquistaníes.
Pese a las críticas al «arraigo Caldera», el PP también utilizó ampliamente esta medida excepcional cuando estuvo en el poder. De hecho en el proceso por arraigo emprendido en 2001 consiguieron papeles 239.174 personas. Los requisitos no fueron especialmente duros: estar en España antes del 23 de enero de ese año, acreditar la permanencia mediante un trabajo, una residencia anterior en nuestro país o una relación familiar y no tener una orden de expulsión.
El otro caballo de batalla en materia de inmigración para los populares es la reagrupación familiar. La reforma planteada por el Gobierno -que el extranjero sólo pueda traer a España a hijos y cónyuges, en primera instancia-les parece insuficiente porque, dicen, deja abierta la puerta a que un extranjero reagrupado pueda a su vez seguir reagrupando a sus parientes directos.
Romance roto
«La posibilidad de traer a otros familiares tras un tiempo prolongado de estancia de la persona inicial debe eliminarse en la actual crisis económica», subraya el portavoz popular en la materia, Rafael Hernando, quien alega además que las mafias de tráfico de seres humanos se han aprovechado de esta medida para embarcar menores y esos menores son los que más tarde han traído a sus familiares. En los últimos cuatro años han conseguido permiso de residencia por este motivo 418.303 personas, según la citada respuesta del Gobierno.
El último romance Gobierno-PP en inmigración a principios de verano duró escasas semanas y se rompió a raíz de que el Gobierno aprobara el 10 de julio un real decreto en el que se cede a Cataluña y Andalucía la gestión de los permisos de trabajo para los inmigrantes. «Esa transferencia rompe la unidad del mercado laboral y supone un parón al dinamismo de la población inmigrante en cuanto a puestos de trabajo, que no puede resultar más perniciosa en estos momentos». A partir de esta semana empieza de nuevo la batalla Gobierno-oposición a cuenta de los inmigrantes.
