Una juez de Barcelona ha ordenado la suspensión cautelar del reférendum sobre la independencia de Cataluña previsto para el día 13 en Arenys de Munt (Barcelona) por entender que este tipo de convocatorias sólo competen al Estado. Pese a ello, el alcalde de la localidad, Carles Móra, asegura que la consulta se celebrará.
La convocatoria fue impugnada por el Abogado del Estado, quien advertía en sus alegaciones que esa consulta, la primera de estas características que se celebraría en Cataluña, podría tener un «claro efecto multiplicador» en otras administraciones, con el consiguiente «perjuicio que, para la estabilidad social y política, podría derivarse del uso e interpretación de los resultados» de la consulta, vinculados con «conceptos esenciales de la Constitución como la soberanía nacional o la integridad de la nación española». De hecho, el Ayuntamiento leridano de Serós también promueve un referéndum de autodeterminación.
Resolución cautelar
El Juzgado de lo Contencioso número 14 ha dado la razón al Estado en una resolución cautelar, previa a la sentencia definitiva. La magistrada recuerda que el artículo 149.1 de la Constitución «atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum», postura que también contempla la Ley sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum de 1980.
El auto subraya que la consulta no se limita a cuestiones de competencia municipal, sino a «intereses generales» que representa el Estado. La juez reprocha al Consistorio que no sólo ceda sus dependencias a lor convocantes, sino también «la organización municipal». Finalmente, recuerda que la Mesa del Parlament rechazo, el pasado 16 de junio, una proposición de ley para la aprobación de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.
El alcalde Carles Móra interpreta que la resolución sólo afecta al apoyo municipal de la consulta, por lo que aseguró que la iniciativa seguirá adelante. CiU, ERC e ICV criticaron la resolución. Las juventudes republicanas hicieron ayer un llamamiento a la desobediencia.
Por su parte, el PP aplaude que se haya hecho cumplir la ley, mientras que Ciutadans pedirá la inhabilitación de los cargos políticos de Arenys si finalmente realizan el referéndum.
