EL desempleo ha vuelto a subir con fuerza en agosto -casi 85.000 personas- hasta situar la cifra de parados en 3.629.080, a la que habría que sumar las de los demandantes de empleos especiales y los trabajadores eventuales agrarios. El paro real alcanza así la cifra de 4.108.380. El Gobierno y el PSOE intentaron ayer mitigar el golpe de la noticia recordando que en agosto siempre se pierde empleo, lo cual es cierto, y que el dato de este año ha sido mejor que el de 2008. Lo que no dijeron sus portavoces es que este último aumento del paro -un 43,44 por ciento en los últimos doce meses- se ha producido en plena ejecución del plan de inversiones en obras locales, que no existía en 2008, lo que agrava aún más las expectativas del desempleo para final de año, cuando se acaben las obras, y hace más que probable una tasa de paro del 20 por ciento y un número de parados -sin pucherazo estadístico- cercano a los cinco millones. Además, en un año, de agosto de 2008 a agosto de 2009, la Seguridad Social ha perdido más de 100.000 afiliados, dejando su afiliación media en 18.001.310 cotizantes.

Si a estos datos se añaden la caída interanual del Producto Interior Bruto (4,2 por ciento) y el aumento descontrolado del déficit público en los siete primeros meses del año (4,69 por ciento, casi 50.000 millones de euros), resultan incomprensibles y hasta hirientes los mensajes de optimismo, aunque sea impostado, que manda el Ejecutivo a la sociedad, porque acreditan de nuevo su banalidad como equipo responsable de la gobernación de España.

Mientras las principales economías europeas empiezan a salir de la crisis, España sigue anclada en ella y, si realmente lo peor ha pasado ya, la conclusión es que este país va a permanecer en el suelo de la crisis mucho tiempo. La responsabilidad política del Gobierno socialista por su gestión ya no tiene atenuantes, y sí incluso agravantes, como la última decisión de abonar la ayuda de 420 euros a los parados sin prestación desde 1 de enero de este año, cuando fue aprobada desde 1 de agosto, lo que supone de forma inmediata un gasto público añadido de 700 millones de euros. No es criticable que la Administración Pública asista a los ciudadanos en peores condiciones, y debe hacerlo para mantener la cohesión social. Pero este tipo de medidas se convierten en perniciosas cuando son las únicas que se oponen a una destrucción masiva de empleo y de actividad económica.

La política del Gobierno se encierra así en un círculo de fracasos -paro y déficit- que se retroalimentan y del que Rodríguez Zapatero no quiere salir porque día a día apuesta únicamente por medidas de subsidio y estímulo artificial y efímero de la economía. Hay en el Gobierno, como es obvio, una carencia grave de sentido de Estado, de visión de futuro y de simple aptitud técnica para dirigir este país en crisis. Su coalición inamovible con los partidos minoritarios de izquierda y los sindicatos está arrancando de cuajo las mejores opciones para salir de la crisis -lo que no quiere decir que no sean temporalmente duras-, como la reducción de impuestos, el control del gasto público y la reforma del mercado laboral. Esta crisis tuvo muchas causas, pero, desde hace tiempo, el Gobierno socialista se ha convertido en una de las principales.