Casi dos semanas después de que el presidente del Gobierno anunciara que estaba dispuesto a negociar con los sindicatos la ampliación del número de beneficiarios de la ayuda de 420 euros para los parados, el Ministerio de Trabajo convocó la primera reunión con los representantes de los trabajadores para tratar el tema. Los sindicatos aseguraron a ABC que focalizaron el encuentro en pedir que la ayuda sea un derecho subjetivo universal, de modo que se extienda a todos los parados sin prestación, y durante más de los seis meses previstos. Esta tesis la ha certificado esta mañana el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien en una entrevista en TVE ha pedido que la prestación se amplíe, al menos, a los parados que hayan agotado el subsidio tras el 1 de enero.

Sin embargo, el Gobierno les planteó ampliar la fecha de entrada en vigor de la medida al 1 de junio y se comprometió a que permaneciera en vigor mientras el paro esté por encima del 12% frente al 17% que prevé la norma actual. Pero es prácticamente imposible que el Gobierno acepte esta propuesta y la fecha ampliada que está barajando sería el 1 de junio. Llegados a este punto, la presión de los sindicatos se centró en que se beneficien de la ayuda los parados que han perdido la prestación desde el 1 de enero.

El encuentro se celebró anoche tras un día que transcurrió con el máximo sigilo en torno a los detalles de la reunión. Aunque los sindicatos contaban desde primera hora con una cena en la sede de Trabajo, desde el Ministerio querían mantener la convocatoria «bajo la máxima discreción». Finalmente, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho se reunió sobre las 21.00 con segundos espadas de los sindicatos: el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer y la secretaria confederal para la Igualdad de esta formación, Almudena Fontecha; así como con la secretaria de la confederación de Empleo y Migraciones de CC.OO., Paloma López, y el secretario de acción sindical, Ramón Górriz.

La ayuda, aprobada por decreto el pasado 13 de agosto,protege a los desempleados que hayan agotado el subsidio tras el 1 de agosto. La fecha representa una «discriminación» según los sindicatos, que se sentaron ayer con el deseo de ampliar su cobertura. En este sentido, el Ejecutivo ha calculado que el coste de la proposición original supondría desembolsar 670 millones de las arcas del Estado, una cantidad que se vería incrementada en 100 millones por cada mes adicional.

La otra incoherencia, según los representantes de los trabajadores, es que la ayuda se extienda sólo 6 meses y siempre que la tasa de paro supere el 17%, «un requisito inaceptable», advierte el secretario de acción sindical, Ramón Górriz, que considera necesario «que se mantenga hasta superar el 12%». Los sindicatos siguen considerando insuficienre la ampliación propuesta por el Gobierno.»..

Igualmente amparados

Las autonomías cuentan desde hace años con salarios sociales. Se trata de unas aportaciones destinadas a proteger a las personas carentes de ingresos y que oscilan entre 300 a 600 euros, repartidas en función de las cargas familiares que soporte el beneficiario.

Estas ayudas siguen vigentes a día de hoy, si bien difieren en gran medida respecto al empadronamiento que luzca el ciudadano. En Baleares por ejemplo, el cheque sólo se extiende durante tres meses mientras que los cántabros gozan de estas prestaciones como un derecho universal. «Garantizamos que ningún ciudadano reciba ingresos por debajo de 421euros (el 80% del IPREM) con independencia de cuanto le dure esa situación». En este sentido, la proposición del Ejecutivo aliviaría durante seis meses la carga que llevan a la espalda las comunidades.

En cuanto a una posible compatibilidad de ambas ayudas, Trabajo asegura que «tal y como está redactado actualmente el decreto, no es factible».