Los naturistas catalanes están en pie de guerra. Hartos de las normativas que les prohíben bañarse y tomar el sol desnudos en algunas playas de la Costa Brava han decidido tomar cartas en el asunto. Por eso, están pensando en llevar a los juzgados dos ordenanzas municipales, la de Malgrat de Mar y Tossa.

Ambas normativas, la primera vigente desde hace más de 10 meses, y la segunda desde hace tan sólo un mes, sancionan con una multa de 200 euros a aquellos que practican el nudismo integral fuera de las zonas autorizadas para ello.

El presidente de la Federación Española de Naturistas, Ismael Rodrigo, asegura que los "ayuntamientos no tienen competencia para legislar nuestra moral" y va más allá, apuntando que "las costas no pertenecen a los ayuntamientos si no que son territorio público estatal".

Por su parte, el presidente del Club Catalán de Naturismo, Joaquim Plana, manifiesta que se encuentran dialogando con los ayuntamientos de Malgrat de Mar y Tossa para llegar a un acuerdo pero "no nos hacen caso". "En estas dos playas nunca ha habido problemas con los nudistas, se trata de pequeños sitios donde se practica y nunca ha molestado a nadie", expresa Plana. De hecho, en estos 10 meses que lleva vigente la ordenanza no se ha multado a nadie. Este Club declara que si no se llega a un acuerdo con la alcaldesa de Malgrat, Conxita Campoy (PSC), tendrán que empreder acciones legales contra esta normativa a la que consideran anticonstitucional y no descartan realizar alguna concentración para reivindicar que los políticos no son quien para regular "nuestras libertades".

Aun así, tanto el presidente de la Federación Española de Naturistas como el presidente del Club Catalán de Naturismo, confían en llegar a un acuerdo, como hicieron el año pasado con los ayuntamientos de Mataró, Badalona y Vilanova, donde "no es que retiraran la ordenanza sino que incluyeron en ella que el nudismo no estaba penado en ninguna zona".

En las playas de CádizPero los naturistas catalanes no son los únicos que sufren las normativas municipales. De hecho, desnudarse en las playas de Cádiz puede costar entre 100 y 750 euros. La alcaldesa de esta localidad, Teófila Martínez, hace oídos sordos, según Ismael Rodrigo, e intenta implantar "lo que es y lo que no es delito". Esta misma mañana, ha anunciado la creación de una zona delimitada para el nudismo en la playa de Cortadura para el año que viene, algo que según Rodrigo, es "ilegal". "Si empezamos a habilitar zonas para los distintos colectivos que existen en el país, tendríamos que crear una zona delimitada para gays o para musulmanes, o para cualquier otro colectivo existente", expresa Rodrigo, con lo que "el Ayuntamiento no puede encerrar a los nudistas en una jaula, ni aunque fuera de oro y mucho menos puede decir qué es legal y en qué momento en función de lo que le dé la gana".