Como marcaba el guión, no hubo sorpresas y el PP hizo valer su mayoría para rechazar la solicitud del PSOE de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, comparezca en un pleno extraordinario en las Cortes para explicar los retrasos en la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía que se comprometió a tener lista antes de comenzar agosto.

Con 16 votos en contra (los del Grupo Parlamentario Popular y el del portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, quien reconoció compartir la «trascendencia» de la comparecencia, aunque justificó que «no pasa nada por esperar unos días más»), la Diputación Permanente de la Cámara regional rechazó ayer esa convocatoria, que sólo contó con el respaldo de los cinco apoyos socialistas, quienes acusaron al PP de dar cobertura al Gobierno regional para impedir la comparecencia en el hemiciclo.

El máximo órgano parlamentario en periodos no hábiles reactivó ayer la actividad política y sirvió para calentar motores de cara al nuevo periodo de sesiones. Los dos principales partidos protagonizaron un enconado debate en el que los populares insistieron en destacar la «voluntad de diálogo» de su partido y el valor de los acuerdos alcanzados en el seno del Diálogo Social en Castilla y León frente a la incapacidad del Gobierno central de llegar a acuerdos con sindicatos y patronal; mientras que los socialistas reprocharon a Herrera «incumplir flagrantemente» con la palabra dada ante el pleno con la «única excusa» de que se busca un acuerdo.

«Se nos critica la fecha, no la voluntad de diálogo», afirmó el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Fernández Carriedo, quien reprochó que para el PSOE sea «más importante romper el diálogo social». «La gran cuestión es por qué no quieren acuerdo de diálogo social y no quieren dar más plazo», cuestionó Fernández Carriedo, quien responsabilizó directamente al secretario regional del PSOE, Óscar López, de «obligar» a debatir este asunto en este momento «en contra de la voluntad de mucha gente» ya que fueron los agentes económicos y sociales quienes pidieron más tiempo.

Críticas al Gobierno

El portavoz popular criticó que el PSOE sea «partidario de la improvisación, imposición y ocultar la crisis» a la vez que ridiculizó que Rodríguez Zapatero admitiese cinco días después de aprobarla que cambiaría la ayuda de 420 euros para los parados sin prestación. En este punto, Carriedo aprovechó para defender que «afortunadamente» en Castilla y León existe un acuerdo que permite ampliar esa ayuda a los desempleados que «han cometido el delito de dejar de cobrar antes del 1 de agosto».

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE, Francisco Ramos, reprochó a Herrera «incumplir flagrantemente» con la palabra dada ante el pleno de aprobar la Renta Básica de Ciudadanía antes del 31 de julio con la «única excusa» de que se busca un acuerdo social. «Un presidente que compromete una fecha e incumple su promesa es que no tiene palabra, ni respeto a la institución que representa ni ambición por Castilla y León», sentenció Ramos, quien lamentó que «hoy nadie sabe qué piensa la Junta ni el PP» sobre los criterios, cuantía y beneficiarios de este derecho regulado en el Estatuto de Autonomía. «Son excusas de mal pagador», recriminó Ramos, quien pidió a Herrera «gallardía política» para explicar este asunto y le acusó de «relegar las necesidades de estas personas por estar de vacaciones».

La Comisión Permanente también rechazó (con 15 votos en contra, cinco a favor y la abstención de Otero) la comparecencia en Comisión Extraordinaria del consejero de Familia, César Antón, para explicar la situación del centro de mayores Virgen de las Viñas de Aranda de Duero (Burgos). Al igual que el segundo punto del orden del día, los socialistas criticaron la tardanza en la convocatoria de este órgano, puesto que ya casi no hay margen de maniobra para sesiones extraordinarias, ya que en septiembre se reabre el periodo de sesiones en las Cortes.