Gobierno y oposición se han enzarzado en culebrón veraniego con retos y denuncias sobre escuchas telefónicas, operaciones de acoso y exigencias de pruebas y nombres sin que los socialistas logren acallar las protestas del PP ni los populares abrir el debate hacia las cuestiones de fondo como la recesión económica. Pero el partido que preside Rajoy ha encontrado dos nuevos frentes para hacer oposición: las dudas de Sanidad para dar respuesta a la gripe A y el lío organizado por Rodríguez Zapatero al regular por decreto la Televisión Digital Terrestre con unas empresas beneficiadas y otras perjudicadas.
El comité de dirección del Partido Popular, reunido por Rajoy a mitad de agosto como hizo el Consejo de Ministros la semana pasada, no se limitó a constatar los últimos fracasos económicos del Gobierno. Después de respaldar en los últimos meses la gestión de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el PP, por medio de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, lanzó un primer aviso: «El Gobierno tiene que ser claro y transparente, además de establecer un protocolo de actuación para toda España».
La dirigente del PP recordó al Ejecutivo que, aunque las Autonomías hayan dejado casi sin competencias al Ministerio de Sanidad, todavía le queda a ese departamento la responsabilidad de la coordinación. Cospedal reprochó a Zapatero que en el último Consejo de Ministros no se hubieran abordado esas directrices para todo el sistema sanitario. Algunas comunidades autónomas han empezado a tomar sus particulares medidas en materia de atención al paciente, vacunas y provisión de medicamentos para hacer frente a la previsible rebrote otoñal de la enfermedad.
Además, la dirigente del PP criticó las prisas y la vía urgente del decreto ley elegida por el Gobierno para regular la TDT. «Lo único que sabemos es que dentro de poco tiempo los españoles van a tener que pagar por ver el fútbol cuando hasta ahora no tenían que pagar y lo podían hacer gratis en la mayoría de las ocasiones».
Aunque el PP estudia incluso la posibilidad de recurrir a los tribunales contra la aprobación de la TDT de pago en beneficio de un grupo «amigo» del Gobierno de Zapatero, Cospedal eludió referirse al conflicto empresarial abierto.
En el cruce de declaraciones del día sobre el acoso gubernamental a la oposición,María Dolores de Cospedal, sostuvo que basta con ver las conversaciones publicadas en los medios de comunicación -siempre del mismo grupo- para constatar que los dirigentes del PP son objeto de escuchas ilegales, bien a raíz del llamado «caso Gürtel», o sin que tenga nada que ver con él.
Cospedal, que cerró curso político con la citada denuncia, dijo después de la reunión del comité de dirección del PP que la prueba evidente de las presiones a la Justicia la había dado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al adelantarse a la Fiscalía en el anuncio del recurso contra la exculpación de Francisco Camps.
Molesta con la incesante petición de datos, la «número dos» del Partido Popular destacó que en cualquier país democrático, si la oposición se siente espiada, lo que hace el Gobierno de turno, responsable de los aparatos del Estado, es «investigar lo ocurrido en vez de dedicarse a insultar».
Cospedal insistió en reafirmarse en sus denuncias y en reclamar el derecho del PP a marcar sus tiempos en el caso. «Hay una denuncia presentada que tiene mucho recorrido», «vamos a llegar hasta el final» y «ahora son los jueces los que tienen que investigar», fueron algunas de las frases con las que intentó zanjar el asunto.
Administración de datos
En el PP quieren administrar gradualmente los datos sobre las escuchas, acompasarlas al trámite judicial de la denuncia y no descartan recurrir a las instancias europeas ante los intentos de «corrupción democrática» que ven en el Ejecutivo socialista.
El partido de la oposición ha visto publicadas hasta las conversaciones personales de Camps que el juez rechazó por irrelevantes para el caso y que debían haber sido destruidas. Un delito evidente según recuerdan en medios populares. El PP tiene ya pedidas en el Congreso las comparecencias de Fernández de la Vega para que explique sus instrucciones a la Fiscalía, la de Alfredo Pérez Rubalcaba por la publicación en los medios de conversaciones telefónicas de dirigentes del PP ajenos a sumarios judiciales, y la del fiscal general del Estado.
