Fase «muy preliminar» o «incipiente». En ese estado se halla la Ley de Economía Sostenible vendida por José Luis Rodríguez Zapatero en el Debate del Estado de la Nación como medida «estrella» para afrontar la crisis económica, según reconoció ayer la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros extraordinario de agosto.

A pesar de que uno de los puntos principales del orden del día de esta reunión del gabinete era la mencionada ley, De la Vega sólo pudo adelantar algunas generalidades sobre sus futuros postulados, pues, como informó ayer ABC, la indefinición sobre sus líneas maestras es tal a estas alturas que hace menos de un mes se remitió un correo electrónico desde Moncloa a distintas instancias de la Administración en el que se pedía «un esfuerzo de imaginación» y «propuestas innovadoras» para su elaboración, al tiempo que se instaba a evitar «contenidos que exijan informes preceptivos o dictamen del Consejo de Estado» con el fin de agilizarla. La razón es el apremio de los plazos, pues la futura (y aún nebulosa) normativa, según recordaba el revelador e-mail, «ha de estar aprobada y publicada el 31 de diciembre». En ese estado de cosas, la vicepresidenta arguyó que lo que se ha estudiado por el Ejecutivo es «un primer informe» tras el que se abrirá la negociación «con los agentes sociales y los partidos». Así, sólo pudo enunciar que la ley tratará de articular nuevos mimbres económicos a través del fomento del conocimiento, la innovación y la sostenibilidad basada en las energías renovables. En resumen, la misma etérea declaración de intenciones (sin concreción alguna) que lleva meses difundiendo la Fundación Ideas, el «laboratorio» político del PSOE dirigido por Jesús Caldera. Tampoco aportó detalles sobre cómo se financiará.

De modo que el Ejecutivo trató de compensar la inconsistencia de ese «limbo» legislativo, incapaz de propiciar un titular en condiciones incluso en el páramo informativo de agosto, con el dinero contante y sonante (420 euros mensuales) que recibirán los parados que ya no perciben la prestación por desempleo, y aireando los buenos resultados del «Plan E» con la creación de 400.000 puestos de trabajo. También destacó como medidas «muy importantes» el nuevo fondo municipal de 5.000 millones para 2010 que esta vez se destinará «a proyectos dedicados a las nuevas tecnologías».

Vendaval contra Rajoy

Pero, sobre todo, la vicepresidenta primera aprovechó la inevitable pregunta sobre las acusaciones de «persecución» que está formulando el PP en estos días para explayarse contra los dirigentes del principal partido de la oposición, en el mayor despliegue de artillería dialéctica de los socialistas en las últimas semanas. En una perorata casi más larga que el resumen de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, De la Vega adujo que «cada vez que el PP tiene un problema con la Justicia» emprende «una carrera alocada y desenfrenada en forma de ataque a los demás» mientras no ofrece «ni una sola explicación sobre los casos tan graves que les afectan a ellos». Así, reprochó a Rajoy, Cospedal y Arenas sus «acusaciones sin fundamento contra los jueces, los fiscales o el Gobierno» con el fin de alimentar, dijo, «sombras de sospecha sobre el funcionamiento del Estado de Derecho». «Afortunadamente -abundó- el Estado de Derecho es tan fuerte que puede soportar actitudes tan irresponsables e insensatas». Por lo que las acusaciones de los populares, opinó, sólo caben «en el cajón de las falsedades». «Quien falta a la verdad -prosiguió, inagotable- debe rectificar porque, si no, queda dañada su credibilidad. ¿Dónde está la persecución? ¡Qué desfachatez! Tratan de defenestrar la acción de la Justicia». Su siguiente dardo lo dirigió contra el líder del PP: «Nada de esto estaría sucediendo si Rajoy hubiera cortado de raíz esta situación», por lo que recomendó al jefe de la oposición que se serene y «arrime el hombro» en la crisis.