Miércoles, 12-08-09
MARIANO Rajoy denunció ayer con razón la persecución desatada contra el PP desde diversas instancias gubernamentales, considerando que se trata de actuaciones inquisitoriales y provocadoras de una crispación política de la que el PSOE aspira a sacar réditos. Ciertos sectores del PSOE parecen incapaces de asimilar los últimos resultados electorales, el cambio de rumbo que anuncian todas las encuestas y, en definitiva, el grave deterioro de la confianza de los ciudadanos en el Gobierno cuando ha transcurrido poco más de un año de legislatura. No hay casualidad sino planificación sistemática en la reiteración de episodios en torno al «caso Gürtel». Surgen cada poco denuncias sin fundamento contra líderes populares, obligados a defenderse públicamente antes de que exista el más mínimo indicio al respecto. Las imágenes de estos días en Palma de Mallorca pretenden reincidir en el mensaje reiterado de que el PP es un partido corrupto, con un criterio de criminalización del adversario político que resulta sencillamente intolerable en una democracia pluralista. Mayoría y minoría son indispensables para desarrollar el libre juego democrático y tan legítima es la postura del Gobierno como la de la oposición a la hora de ejercer en plenitud los derechos de participación política que reconoce la Constitución. Es muy grave que existan amenazas y coacciones, sean explícitas o implícitas, que supongan una limitación material o psicológica en la labor de oposición que se desarrolla en nombre de muchos millones de ciudadanos y que es la seña de identidad de una democracia digna de ese nombre.
El propio presidente del Gobierno se sumó sin matices hace unos días a esa campaña de descrédito, y ayer recibió cumplida respuesta de Rajoy. También ayer, el ministro del Interior calificaba de «infamia» las denuncias de la secretaria general del PP sobre eventuales escuchas telefónicas ilegales a destacados dirigentes de su partido. En lugar de declaraciones altisonantes, el Ejecutivo debería dejar de utilizar sin pudor determinados instrumentos del Estado al servicio de sus intereses partidistas. Resulta insólito que desde las más altas instancias del Gobierno se dicten instrucciones a la Fiscalía sobre la presentación de recursos contra decisiones jurisdiccionales que rompen la dinámica de acusación generalizada contra la oposición. A su vez, no estaría de más que el Ministerio Público se planteara utilizar sus competencias para investigar de oficio los hechos denunciados por María Dolores de Cospedal, cuya confirmación -en su caso- exigiría una respuesta contundente del Estado de Derecho. Después de treinta años de democracia, la opinión pública se pregunta con inquietud cómo es posible que se ponga en cuestión la legitimidad del ejercicio de las alternativas políticas y se utilicen sesgadamente las instituciones en busca de ventajas particulares. Por mucho que las vacaciones distraigan la atención de los ciudadanos acerca de las declaraciones de los políticos, es imposible pasar por alto unos hechos extremadamente graves, que van mucho más allá de la confrontación cotidiana entre los partidos. El PSOE, en sus horas más bajas desde que Zapater accedió a la secretaría general, pretende gobernar sin oposición o, cuando menos, atemorizar a todos aquellos que no comparten sus criterios. Rodríguez Zapatero debe ordenar con urgencia que cesen estas prácticas intolerables.

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