Según informó el director general de Función Pública, José María Barreiro, en la comisión de personal celebrada el pasado 7 de agosto -una vez terminado el plazo extraordinario para presentar solicitudes a los procesos selectivos de la Xunta- el número de aspirantes se incrementó levemente, en concreto un 15%. Por esta razón, no apreció motivo alguno para no cumplir con las fechas inicialmente previstas.
De este modo, se cumple, afirmó el sindicato, el compromiso contraído en su día por la Dirección General de la Función Pública con el CSI-F, en el sentido de que la modificación de la Ley de Función Pública y la consiguiente apertura de un plazo extraordinario no supondría demora en los tiempos previstos para la realización de los exámenes.
Una vez más, esta organización aseguró que queda demostrado que las acusaciones hechas en los últimos días por la CIG contra el CSI-F, al que acusó de ser cómplice de la administración en los retrasos, «eran totalmente falsas y carentes de fundamento, sin más propósito que el de crear inquietud e inseguridad entre los opositores en las fechas anteriores a la celebración de las pruebas». Para el CSI-F se puso de manifiesto «la demagogia y mentira» de la CIG.
