Teatro para la oposición, exhibición de justicia para las autoridades, la segunda sesión del juicio contra un centenar de reformistas acusados de tomar parte en la «revolución de terciopelo», se centró en sacar a la luz la implicación de las potencias occidentales en los disturbios que siguieron a la elección de Mahmoud Ahmadineyad el pasado 12 de junio. Como si de un guión perfectamente establecido se tratara, todos y cada uno de los acusados admitieron los cargos que se les imputan y pidieron perdón al sistema islámico por su comportamiento.

Si el sábado pasado el protagonismo fue para el ex vicepresidente, Mohammad Ali Abtahi, que reconoció que «la historia del fraude electoral es una mentira creada para intentar convertir Irán en un país como Afganistán o Pakistán», esta vez la ciudadana francesa Clotilde Reiss eclipsó al resto de acusados. Profesora adjunta en la Universidad de Isfahán, esta joven de 24 años fue detenida el 1 de julio en el aeropuerto internacional Imam Jomeini cuando se disponía a regresar a su casa. Compareció ante el Tribunal Revolucionario bajo la acusación de espionaje y tras manifestar su arrepentimiento y suplicar perdón, confesó haber redactado un informe sobre las revueltas en Isfahán para su Embajada en Teherán y haber tomado parte en los disturbios por «motivos personales», según detalla la agencia oficial Irna.

Junto a Francia, el Reino Unido es otro de los países en el punto de mira de los responsables iraníes por su supuesta injerencia en la «revuelta verde». El director de la División Política y de Seguridad que Londres tiene en su Embajada de Teherán, Hosein Rasam, actualmente en libertad provisional, señaló a los diplomáticos Paul Blemey y Tom Burn como «instigadores» de las manifestaciones. Se trata de los dos representantes británicos expulsados por Teherán en junio. Rasam, como Clotilde Reiss, se enfrenta a la acusación de «espionaje», que está penada con la pena capital según el código iraní.

Protesta europea

Los testimonios que se escucharon durante la vista llegaron rápidamente a los despachos de París y Londres. «Esto es completamente inaceptable y está en contradicción directa con las garantías que nos han dado altos cargos iraníes en repetidas ocasiones. Deploramos estos juicios y las supuestas confesiones de los presos, a quienes se les han negado sus derechos humanos más básicos», señaló una portavoz del Ministerio de Exteriores británico en referencia a la presencia de Hosein Rasam en el banquillo de los acusados. Desde el Elíseo, por su parte, Nicolás Sarkozy exigió la puesta en libertad «inmediata» de la ciudadana francesa y calificó los cargos que se le imputan de «infundados».

Los medios públicos iraníes recogen las confesiones y con cada testimonio la versión oficial de los hechos, que acusa a Occidente de todo lo ocurrido, cobra cada vez más peso. Parece que quieren cerrar el círculo con rapidez, pero el problema para las autoridades es que este Irán no es el mismo que el anterior al 12 de junio y ahora todas las fuerzas reformistas critican con dureza el macrojuicio.

La oposición habla de confesiones obtenidas bajo tortura, de violaciones, de palizas... y hasta el mismo Líder Supremo, Alí Jamenei, se vio obligado a ordenar la clausura de una cárcel por no reunir las condiciones mínimas. Algo impensable en el hasta ahora hermético y aparentemente unido sistema islámico. Estas duras palabras no llegan desde el exterior, lo hacen desde la misma cúpula del régimen y salen de la boca de ex presidentes, como Mohamed Jatamí o Hashemi Rafsanyani, o ex primeros ministros, como Mir Husein Musavi.