Chávez paraliza, por ahora, la «ley mordaza»
Chávez sonríe durante una reunión con la senadora colombiana Piedad Córdoba, el viernes en Caracas | EFE
Dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás son los que ha dado el presidente venezolano, Hugo Chávez, en su intento por controlar a los medios de comunicación. Después de ordenar el cierre de 34 emisoras de radio y la redacción de la denominada «ley contra los delitos mediáticos», da un frenazo y retrocede para cambiar de táctica.
Debido a la presión nacional e internacional por la condena a estas medidas, el Gobierno ha tenido que paralizar, por ahora, su proyecto de hegemonía mediática y poner a su gente a seguir el pasadoble. La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, descartó la discusión de la «ley mordaza» hasta nuevo aviso, pero anunció que continuarán aplicando las sanciones del código penal contra lo que denomina «terrorismo mediático».
Aún es pronto para que los venezolanos se percaten del silencio que ha dejado la salida del aire de las primeras 34 emisoras de radio y dos canales de TV regionales, ejecutada por el presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, hace una semana en plenas vacaciones escolares. Ya no se escuchan las informaciones, ni las denuncias de las comunidades, ni las entrevistas de opinión, ni las canciones preferidas.
En la lista negra de Cabello -también ministro de Obras Públicas y Vivienda, así como presidente de Puertos y Aeropuertos- hay 240 radios y 45 canales de televisión que van a verse afectados por las medidas anunciadas. Representan el 40% de la radiodifusión venezolana.
Sutilezas
El Gobierno prefiere hablar de «salir del aire» en lugar de «cerrar» las emisoras y la «no renovación de los permisos» por la «revocación de las licencias». Esta sutileza es para «no asumir la responsabilidad de las sanciones aplicadas a las radios», indicó a ABC el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, William Echeverría.
El periodista, que también tenía un programa en el Circuito Nacional Belfort (CNB), una de las primeras emisoras obligadas a apagar sus transmisiones, consideró que lo que busca el Gobierno es «reducir los pocos espacios críticos que existen en los medios. Es la razón de fondo. Antes del cierre de las radios los espacios para opinar ya estaban reducidos en un 80 %».
Para Chávez el cierre de las 34 emisoras ha sido una «medida legal» y conminó a los que «no quieren ajustarse al marco legal» a irse «a la selva con Tarzán donde no hay normas ni reglas». «Ninguna libertad es ilimitada», dijo.
El presidente no oculta sus objetivos. En su última rueda de prensa con la prensa extranjera afirmó: «Hay que pisar el acelerador de la revolución. Tenemos un plan nacional que va de 2007 al 2013. Vamos a entrar en 2010 con las mejores condiciones».
Pero el tiempo juega en su contra. «Si no lo hace ahora no lo podrá hacer nunca. Cuando dice que va a pisar el acelerador es porque sabe que su caída es irreversible», señaló el director del diario «Tal Cual», Teodoro Petkoff.En diciembre de 2007, ese conjunto de leyes socialistas -69 proyectos y la reelección indefinida- fue rechazado por amplia mayoría en un referéndum.
Isabel Pereira, profesora del Centro de Estudios Económicos (Cedice), consideró que existen tres leyes para implantar el proyecto chavista: la de «mordaza» (incluye el cierre de las radios y televisiones), la de educación y la de propiedad social; «especialmente esta última, una copia de la ley cubana, que es la base para que Chávez imponga su modelo comunista».
Carlos Blanco, ex director de la Comisión para la Reforma de la Constitución, apuntó a ABC que el cerco a los medios responde a que «Chávez está fuertemente desgastado en los planos doméstico e internacional por la creciente oposición política, alimentada desde sus propias filas, y un inmenso descontento social. A juicio de Blanco, el mandatario también pretende «obstaculizar cualquier canal de expresión del chavismo descontento. Ésta es la madre del cordero». Por último, Gustavo Hernández, director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación. dijo que el Gobierno pretende silenciar a los medios «para que no se conozcan los problemas ni la corrupción».

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