ABC
El PSC pone «un palo en las ruedas» del PSOE
La posibilidad de que el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) llegue a los tribunales de la mano del PSC no ha sido en absoluto bien recibida en el seno del PSOE. El presidente Zapatero fue quien, personalmente, convirtió en «agua de borrajas» la esperada centralización de las competencias en materia de cajas de ahorros.
Y lo hizo a costa del desaire del Banco de España y de la desautorización pública a la vicepresidenta económica, Elena Salgado y para satisfacer las exigencias de los presidentes de Cataluña y de Andalucía, José Montilla y José Antonio Griñán, respectivamente.
Por ello, la nueva tentativa de recurso de los socialistas catalanes ha sido tachada en Madrid, según fuentes consultadas, de «excesiva». Y es que en el momento de la aprobación del decreto ley el pasado mes de julio, el FROB contó con el apoyo tanto del PP como del PSOE. En concreto, los 25 diputados que tienen los socialistas catalanes en el Congreso votaron a favor del citado decreto.
Y lo hizo a costa del desaire del Banco de España y de la desautorización pública a la vicepresidenta económica, Elena Salgado y para satisfacer las exigencias de los presidentes de Cataluña y de Andalucía, José Montilla y José Antonio Griñán, respectivamente.
Por ello, la nueva tentativa de recurso de los socialistas catalanes ha sido tachada en Madrid, según fuentes consultadas, de «excesiva». Y es que en el momento de la aprobación del decreto ley el pasado mes de julio, el FROB contó con el apoyo tanto del PP como del PSOE. En concreto, los 25 diputados que tienen los socialistas catalanes en el Congreso votaron a favor del citado decreto.
La aparente calma con que hasta el momento discurría el proceso de reordenación del sistema bancario está resquebrajándose por completo durante este mes. Aunque aún a lo lejos, el nuevo curso comienza a acercarse y con él el momento clave para la integración de las cajas de ahorros españolas. Está en juego un goloso instrumento político-financiero por el que todos los gobiernos regionales están dispuestos a luchar.
Y las armas ya han sido cargadas. Esta semana, incluso la Generalitat -paradigma del saber estar al margen de la gestión de las cajas de ahorros- decidía unirse a la corriente más intervencionista. Y no es que no lo hubiera hecho ya, sino que no se había hecho de manera tan pública y oficial.
El primer cerco a sus entidades de ahorros lo puso el consejero de Economía, Antonio Castells, previo mandato del presidente catalán, José Montilla. Caja Madrid había mostrado interés por una de las cajas catalanas que más dolores de cabeza provocan tanto en el seno del gobierno regional como en el Banco de España: Caixa Catalunya.
Reunión frustrada
El proyecto había superado los primeros obstáculos empresariales -incluso se reunieron Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, e Isidro Fainé, de La Caixa, para que ésta última entidad participara en la operación absorviendo la red que su vecina tiene fuera de Cataluña-. Sin embargo, no pudo con las trabas políticas.
La oposición de la Generalitat fue unánime: «No habrá fusiones de cajas catalanas fuera de Cataluña». De hecho, así se había pactado con el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, días antes de la aprobación del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Una fugaz centralización
La posibilidad de eliminar el derecho de veto del que gozan las comunidades autónomas a la hora de bendecir una fusión de cajas en su territorio sobrevoló fugazmente el sistema financiero. Pero la lógica empresarial no logró imponerse a los intereses políticos.
Tropezó primero con la salida del Gobierno del ya ex ministro, Pedro Solbes, quien coincidía con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la necesidad de recuperar para el Estado central alguna de las competencias cedidas a las autonomías. Y se desmoronó después al topar con la oposición de los dos sustentos del Gobierno de Zapatero, Cataluña y Andalucía.
Sin embargo, el presidente había escondido en su baraja un comodín que, en compensación, concedió al gobernador, Fernández Ordóñez, que era poder vetar cualquier fusión que no presente un plan de viablilidad que considere económicamente razonable. Respecto a esta concesión, la clase política no tuvo nada que objetar en un principio. Pero los cambios a velocidad de vértigo que ha impuesto la crisis han hecho que lo que antes era un pequeño problema en un caja ahora sea un rompecabezas de difícil solución.
Visita sorpresa
Es, precisamente, el caso de la «custodiada» Caixa Cataluña, que preside el ex ministro socialista Narcís Serra. La hoja de ruta «ad hoc» que le había diseñado Castells -uniendo su futuro al de Caixa Girona y Caixa Tarragona- se ha topado con el rechazo frontal de la clase empresarial local, lo que ha retrasado «sine die» el proyecto. Pero el cronómetro no ha parado para Caixa Catalunya, que sigue sufriendo en primerísima persona los efectos de la crisis, lo que despertó en los despachos de la Generalitat los temores de una visita inesperada de Fernández Ordóñez.
De ahí que Montilla haya pasado de cargar las armas a apuntar con ellas, advirtiendo con voz firme de que estudia recurrir el FROB porque invade sus competencias, lo que podría dejar en el aire el calendario de actuación previsto por el Banco de España para la vuelta de las vacaciones. El presidente catalán dijo, en concreto, que «dará los pasos legales establecidos para salvaguardar las competencias fijadas en el Estatut antes de ir al Tribunal Constitucional».
Una última oportunidad
Es decir, se abre un periodo de negociaciones entre la Generalitat y el Estado para intentar solucionar la supuesta invasión de competencias que supone el comodín que Zapatero le concedió al Banco de España, antes de que la «sangre llegue al río». Hablando en plata, una última oportunidad antes de disparar.
