Domingo, 09-08-09
IVA ANGUERA DE SOJO
BARCELONA. La Ley electoral catalana parecía ya, cerrado el último periodo de sesiones, enfilar su definitiva recta de lanzamiento con el acuerdo del último Pleno del Parlament para crear la ponencia redactora del texto a partir del próximo octubre, cuando se reanudará la actividad parlamentaria. Pero ni siquiera ese acuerdo de mínimos parece garantizar que el proyecto se inicie, dado que los socialistas catalanes se resisten ahora a firmar la propuesta de creación de la ponencia.
Mientras, CiU -que renunció a redactar una legislación propia en esta materia durante sus dos décadas en el poder y los primeros años del tripartito- se erige ahora en defensora de la reforma junto a ERC, formación que en este ámbito comparte intereses con los nacionalistas en contra de sus socios de gobierno.
Tanto es así, que los republicanos han asumido la redacción de un texto que debe servir de base para la futura ley desde la Conselleria de Gobernación que dirige Jordi Ausàs, aunque el proyecto lo lanzó el actual presidente de ERC, Joan Puigcercós, durante su breve paso por el Govern. Eso sí, Puigcercós se guardó entonces de dejar claro que la responsabilidad de la futura ley debe ser del Parlament -y por tanto compartida por todos los grupos- nunca del Govern, donde el PSC partiría con una ventaja evidente.
Temor de los partidos
Aún así, ningún partido tiene en realidad especial interés en abrir el «melón» de la ley electoral, que podría dar lugar al debate sobre las listas abiertas o desbloqueadas como vía para incentivar al participación. Una vía que, de entrada, restaría enorme poder a los aparatos de los partidos políticos en la designación de candidatos, auténtica clave de la actual partitocracia catalana, puesto que está en la elaboración de las listas electorales la llave del control de las direcciones de los partidos sobre los cuadros medios.
Se trata de un debate que en su momento abrió el ex presidente catalán Pasqual Maragall, un político poco ortodoxo que siempre se caracterizó por su mala relación con el «aparato» del PSC. Ahora, mantienen vivo ese debate entidades como Ciutadans pel Canvi o asociaciones de carácter cívico ajenas a los partidos como Acció per la Democràcia, liderada por el ex dirigente nacionalista Josep Mirò i Ardévol y el periodista Josep Puigbó, y que cuenta en su patronato de honor, además de con Maragall, con los ex presidentes del Parlament Heribert Barrera y Joan Rigol o el ex ministro Josep Piqué.
Mientras, los partidos se limitan a las declaraciones, como las de la portavoz de ERC en el Parlament, Anna Simó, quien esta semana se ha ofrecido como medidadora entre CiU y PSC en este debate. O el número dos de Unió, Josep Maria Pelegrí, quien la semana anterior denunció la actitud obstruccionista del PSC.
Quejas y declaraciones de intenciones sin que ningún responsable político se atreva a hacer públicas sus propuestas, más allá de genéricas proclamas sobre la necesidad de «respetar el peso del territorio» -eufemismo con el que CiU y ERC se refieren a la sobrerepresentación de las zonas menos pobladas- o la exigencia de más proporcionalidad, a través de la cual los socialistas esperan mejorar la representatividad de Barcelona y su área metropolitana para que no se vuelva a repetir la vitoria en votos y derrota en diputados sufrida por Maragall en 1999.
