EN política, como en la vida, hay que saber gestionar los éxitos tanto como asumir los fracasos. Sobre todo en una escena tan volátil como la española, donde los dos grandes partidos se miran en espejos de conducta gemelos y reversibles. Así sucede de manera especial en torno al fenómeno de la corrupción, vicio del que el mapa autonómico y sus reductos caciquiles ofrecen un sofisticado caleidoscopio de variantes lo bastante heterogéneas para que nadie saque pecho con excesivo énfasis, ni en la denuncia del adversario ni en la defensa del compañero. El que esté limpio de culpas, que ponga la penúltima querella.

A los socialistas les ha salido mal, por ahora, su aparatosa ofensiva en el caso Gürtel, en el que creían haber hallado una ciénaga de barro para hundir a la derecha. Han encajado con mal perder el revés político sufrido por la absolución de Camps y en su frustración han permitido que les asome el plumero del sectarismo. Primero con la precipitada consigna de la vicepresidenta De la Vega al fiscal del Estado, demasiado obvia como para no parecer lo que era: una orden ejecutiva de recurrir ante el Supremo que arrolla la presunta independencia del Ministerio Público. Y a renglón seguido han activado, con sospechosa concomitancia temporal, los resortes policiales y de la justicia para encarcelar por las bravas a unos dirigentes mallorquines de la derecha relacionados con cierta antigua mangancia en una obra pública. Las posibles evidencias de corruptela no impiden la suspicacia sobre un mecanismo de acción-reacción que apunta a conveniencias políticas y a un flagrante abuso de poder. El marcador de las actuaciones anticorrupción en el mandato de Zapatero arroja una cifra de detenidos -43 populares por 20 socialistas- demasiado descompensada para no pensar en un arbitraje casero.

Por su parte, el PP ha vuelto a incurrir en su reconocida propensión a mal administrar sus triunfos, y se ha obnubilado tras el alivio de la sentencia Camps. La denuncia de espionaje telefónico a sus dirigentes es muy grave, por verosímil que resulte, para quedarse en un alboroto dialéctico victimista; o la prueban en los tribunales o quedarán ante la opinión pública como unos irresponsables. Y ese vindicativo examen de valencianidad que se han inventado para bloquear el nombramiento de senadora de Leire Pajín raya directamente en lo inaceptable, sobre todo en un partido que ha sufrido en el País Vasco y Cataluña situaciones insostenibles de exclusión identitaria. Alguien tiene que pensar un poco en ese partido, aportar algo de cordura frente a las tentaciones tremendistas, si quieren que se note la diferencia moral que les propulse como alternativa a la irresponsabilidad sectaria de este Gobierno. En una política bloqueada por el trincherismo va siendo hora de abandonar los guiños para hooligans.