Rodríguez Zapatero pide «sentido de la responsabilidad» a los dirigentes populares
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, podría ser una de las afectadas por las supuestas escuchas telefónicas ilegales que ella misma denunció el jueves. Éstas se harían extensivas al responsable popular de Libertades, Justicia e Interior, Federico Trillo, tal y como informó ABC, así como al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, sospecha que ya expresaron los populares en su denuncia por las filtraciones de la «Gürtel».
«Verificar» las escuchas
El PP estudia en estos momentos si amplía dicho escrito del 24 de julio en el que ya hablaban de «interceptación ilegal de las comunicaciones», reclamaban una relación completa de las escuchas autorizadas, así como que se «verificaran una a una» las autorizaciones judiciales para la intervención de las conversaciones telefónicas descritas en el ámbito de la denuncia, con declaración incluida de los funcionarios policiales que participaron en las mismas. Sin embargo, no es previsible que lo hagan en pleno mes de agosto, según indicaron desde la sede nacional del partido.
La supuesta escucha ilegal a Cospedal se habría detectado en uno de los habituales «barridos» que se hacen en la sede del primer partido de la oposición, revelaron fuentes populares, que consideran que es ahora a la justicia a la que le corresponde investigar los extremos de los hechos que el PP relata en su escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción. Además, subrayan que, a pesar de la polémica suscitada por las palabras de Cospedal, «no nos callaremos ante ningún hecho que sea denunciable».
Ayer fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que se refirió a esta cuestión al reclamar «sentido de la responsabilidad» a los dirigentes del PP subrayando que «ellos saben muy bien» que la Justicia funciona conforme a los criterios del Estado de Derecho.
En una rueda de prensa en Lanzarote, donde se reunió con dirigentes del PSOE canario, Zapatero se limitó a replicar que en España hay un «funcionamiento adecuado en todas las instituciones», entre ellas, la de la Justicia y por ello, pidió repetidamente a los populares «sentido de la responsabilidad a la hora de hacer determinadas valoraciones y determinadas declaraciones», informa Efe.
Petición de dimisión
Menos comedida fue la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, que señaló que «la señora De Cospedal ha llegado a tal grado de infamia que en este momento tiene una disyuntiva bastante simple: o presentar una denuncia formal y probar lo que ha dicho o abandonar la vida política».
Las principales asociaciones de jueces se mostraron muy críticas con las palabras de Cospedal que llegaron a calificar de «calentón», «torticeras», «mendaces» o «perturbadoras». Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FdV) y Jueces para la Democracia (JpD) piden al PP que demuestre en un tribunal los hechos o que los desmienta. El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, defendió que las escuchas que se puedan haber efectuado habrán sido siempre «bajo el control de los jueces y magistrados españoles».

Enviar a:

¿qué es esto?