A pesar del periodo vacacional, la escalada verbal entre socialistas y populares crece cada día. El detonante ha sido la exculpación, por parte del TSJCV, de Francisco Camps y el anuncio hecho por María Teresa Fernández de la Vega del recurso de la Fiscalía, lo que ha derivado en un intercambio de acusaciones y en un enfrentamiento que lleva visos de arrastrar consigo el crédito de las instituciones.

Ayer, la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, denunció desde Marbella que a su partido le consta que desde los ámbitos judicial y policial se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a personas que «no tienen nada que ver con los sumarios» de la Gürtel y a destacados dirigentes nacionales.

Esta acusación parece que tendría su fundamento en las sospechas que Génova alberga de que se han intervenido conversaciones del responsable de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, con el abogado del partido, Juan Ramón Montero, de nombre prácticamente calcado al de uno de los miembros de la sala del TSJCV que exculpó a Francisco Camps, Juan Montero.

Denuncia ampliada

De ahí se alimentarían las acusaciones de que el PP intentó presionar a la Sala para que archivara el caso contra el presidente de la Generalitat. Se da la paradoja de que, además, Juan Montero fue el que emitió un voto particular por entender que los hechos atribuidos a Camps eran constitutivos de delito.

A lo largo de los últimos meses, Trillo ha venido coordinando la defensa del líder de los populares valencianos y ha asumido los encargos de las distintas iniciativas legales que ha tomado el PP en ese tiempo, desde la querella contra el juez Garzón a la reciente denuncia, -presentada el pasado 24 de julio- por un delito continuado de violación de secreto que ya incluía «interceptación ilegal de las comunicaciones», que, según fuentes de Génova, podría ser ampliada tras las palabras de la «número dos» del PP.

Las acusaciones de Cospedal, en una entrevista concedida a Efe, fueron mucho más allá, al denunciar que España vive «un Estado policial» inédito en democracia. Un «Estado policial» que, a su juicio, lleva al Gobierno a «utilizar a las instituciones, a la Fiscalía General, a la policía judicial, a los servicios del Ministerio del Interior y al Centro Nacional de Inteligencia», lo que pone en «grave riesgo» a la democracia, agregó. Palabras que, por cierto, no sentaron nada bien a los sindicatos policiales SUP y CEP.

Tampoco hay que olvidar otro de los frentes abiertos entre el PP y el PSOE, derivado de las dificultades con que se ha encontrado la secretaria de Organización socialista, Leire Pajín, para conseguir el acta de senadora por designación autonómica valenciana. Los populares amenazaron con un examen de «valencianidad» que ayer recibió críticas incluso del líder del PP vasco, Antonio Basagoiti. «A veces me meto en líos por no ser políticamente correcto y decir lo que pienso», comentó en declaraciones a Onda Cero, para agregar a continuación que no le gusta que se hagan exámenes de «valencianidad» ni «catalanidad» a nadie. De hecho, el PP valenciano matizó ayer un poco sus pretensiones. El portavoz de Economía popular en las Cortes regionales, José Marí, explicó que la propuesta que estudia su grupo para que comparezca en la Cámara la «número tres» del PSOE «no es un examen de valencianía» ni tampoco un procedimiento «ad hoc», sino una «posibilidad que contempla el Reglamento», pero que, admitió, nunca se ha aplicado. «Siempre hay una primera vez», justificó.

Los escollos para la designación de Pajín fueron respondidos por otra escalada socialista, esta del vicesecretario general del PSOE, José Blanco, que dijo que bloquearían la entrada de representantes del PP en una serie de órganos supervisores pendientes de renovación.