La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha exigido hoy en Asunción (Paraguay) a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que denuncie ante los tribunales las supuestas escuchas del PP por parte de la Policía «si tiene las pruebas» o, en su defecto, que «se retracte».

«Lo que está haciendo es desprestigiar el trabajo de la Policía, los jueces y los fiscales -ha dicho la portavoz del Gobierno a la responsable popular- porque en los últimos días la escalada verbal de los dirigentes del PP está evidenciando su «nerviosismo».

La «número dos» del Gobierno ha dicho también que la actitud del PP de vetar el nombramiento como senadora de Leire Pajín es «intolerable», ya que tiene «acreditado muchos años de servicio a Valencia y a los españoles», ha concluido De la Vega.

El PP replica: ya denunció los «pinchazos» ilegalesPor su parte y vía comunicado público, el PP ha replicado a la vicepresidenta -en el peloteo continuo de acusaciones de los últimos días, con el Océano Atlántico de por medio- y le ha recordado que en la denuncia que presentó por las supuestas filtraciones del «caso Gürtel» ya ha pedido que se investigaran las escuchas telefónicas y las resoluciones judiciales en las que se sustentaban, ante la posibilidad de que se hubieran realizado pinchazos ilegales.

La denuncia fue presentada ante un Juzgado de Instrucción de Madrid el pasado 24 de julio y en ella el PP pidió también que se tomara declaración al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y al comisario jefe de la Policía Judicial, José Antonio González, por un presunto delito continuado de revelación de secretos.

En el escrito presentado ante el juzgado, el PP solicitó al juez que requiera al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia -los tres órganos que se encargaban de instruir las diferentes ramificaciones del caso Gürtel- la «relación completa de escuchas telefónicas autorizadas» en esta causa.

En su denuncia, el PP advirtió de que en el Código Penal castiga los pinchazos telefónicos ilegales, es decir, sin autorización judicial, así como su difusión o revelación.

Hacía referencia, como ejemplo, a una conversación entre uno de los supuestos cabecillas de la trama, Álvaro Pérez ('el Bigotes') y uno de sus socios en la que el primero aseguraba que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, le podía nombrar «por la cara» coordinador general de un evento que debía organizar la comunidad.

Los populares dudaban que esa escucha contara con autorización judicial ya que la conversación tuvo lugar en el verano de 2006 y Garzón no abrió diligencias por este caso hasta agosto de 2008.