El Gobierno ha puesto en marcha un proyecto de real decreto sobre la interoperabilidad que ha hecho saltar las alarmas de Hispalinux. Si se construye mal la nueva Administración digital será en perjuicio de las libertades y la calidad democrática de nuestra sociedad en red
Actualizado Jueves, 06-08-09 a las 19:21
Hasta ahora el modelo de un Estado lo cambiaban las elecciones, las guerras, las revoluciones y la muerte de los dictadores. Hoy cambia básicamente por la introducción de las tecnologías digitales. La Administración Electrónica es la mayor obra de infraestructura pública del Estado. Hay que olvidarse de una autovía o una línea de alta velocidad, es la mayor empresa colectiva que ha asumido el sector público en la democracia y va suponer la transformación de la relación entre el ciudadano y la Administración no sólo en la forma sino en el contenido.
Esto es algo que hay que entender desde la tecnología, que cambia profundamente las cosas, incluso los derechos y sus garantías. Si quien controla la tecnología no es, a su vez, controlado, ésta va a concentrar el poder. Evitar eso exige más control del sector público, más transparencia y más participación. Pero eso no es posible cuando las normas que tienen que regular la implantación de las tecnologías en la Administración se tramitan de espaldas a los ciudadanos y cuando se aprecia que en ese proceso se están favoreciendo, necesariamente, intereses corporativos en defecto de la industria nacional local y lo que es más, va a condicionar enormemente nuestro sistema de libertades, de independencia tecnológica y de control sobre las instituciones públicas.
Gobierno electrónicoEl término Administración Electrónica o Gobierno electrónico fue acuñado por Al Gore en 1999. En la Unión Europea se ha definido como "el uso de tecnologías de la información y comunicación en las Administraciones Públicas para su cambio organizacional y el desarrollo de nuevas funciones".
La interoperabilidad es la capacidad de las máquinas que manejan información de entenderse y funcionar, si es necesario, de forma cooperativa y coordinada. Si esto no se logra en un sistema informático extenso, como es la Administración Pública, entonces tenemos una torre de Babel digital. ¿A quién beneficia? Sabemos bien a quién no beneficia que es a la ciudadanía de nuestro país, a la industria española, a permitir que los derechos de los ciudadanos frente a la Administración alcancen un poco más del margen que aún les permitiría la Constitución pero que por límites técnicos nunca se han hecho efectivos. Sin interoperabilidad no hay verdadera Administración electrónica y sí un uso arbitrario y corrupto de la tecnología.
Esto es algo que hay que entender desde la tecnología, que cambia profundamente las cosas, incluso los derechos y sus garantías. Si quien controla la tecnología no es, a su vez, controlado, ésta va a concentrar el poder. Evitar eso exige más control del sector público, más transparencia y más participación. Pero eso no es posible cuando las normas que tienen que regular la implantación de las tecnologías en la Administración se tramitan de espaldas a los ciudadanos y cuando se aprecia que en ese proceso se están favoreciendo, necesariamente, intereses corporativos en defecto de la industria nacional local y lo que es más, va a condicionar enormemente nuestro sistema de libertades, de independencia tecnológica y de control sobre las instituciones públicas.
Gobierno electrónicoEl término Administración Electrónica o Gobierno electrónico fue acuñado por Al Gore en 1999. En la Unión Europea se ha definido como "el uso de tecnologías de la información y comunicación en las Administraciones Públicas para su cambio organizacional y el desarrollo de nuevas funciones".
La interoperabilidad es la capacidad de las máquinas que manejan información de entenderse y funcionar, si es necesario, de forma cooperativa y coordinada. Si esto no se logra en un sistema informático extenso, como es la Administración Pública, entonces tenemos una torre de Babel digital. ¿A quién beneficia? Sabemos bien a quién no beneficia que es a la ciudadanía de nuestro país, a la industria española, a permitir que los derechos de los ciudadanos frente a la Administración alcancen un poco más del margen que aún les permitiría la Constitución pero que por límites técnicos nunca se han hecho efectivos. Sin interoperabilidad no hay verdadera Administración electrónica y sí un uso arbitrario y corrupto de la tecnología.
