En la tarde de ayer, sorprendió que el comunicado de la Fiscalía Anticorrupción anunciando que iba a recurrir el sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps llegase a los medios de comunicación cuando todos los digitales ya publicaban la noticia. Se había adelantado la vicepresidenta primera del Gobierno, que desde San José de Costa Rica, se interponía al anuncio público por parte de la Fiscalía General del Estado. Un anticipo que le ha granjeado no pocas críticas hoy por parte de dirigentes del PP, com el vicepresidente de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, o el diputado Antonio Beteta, que han apuntado que «De la Vega dio la orden a la Fiscalía de interponer el recurso de casación» en la ramificación valenciana del «caso Gürtel» porque salpicaba a cargos populares.

El papel que la Constitución otorga al fiscal general del Estado, en la actualidad Cándido Conde-Pumpido, viene especificado de manera clara en el artículo 124, que indica que este cargo del Ministerio Público debe ser nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, y también señala que el fiscal ejercerá sus funciones «por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad».

El foco mediático y político se fijó en Conde-Pumpido -a quien se criticó por no ajustarse exactamente a ese papel que le confiere la Carta Magna- cuando, en plenas negociaciones del Gobierno sociaista para fraguar una tregua con ETA, dijo aquello de «el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial, pero no ajena a esa realidad». Entonces, el PP llevó a Conde-Pumpido ante la Cámara Alta para que explicase sus polémicas manifestaciones de que los jueces deben aplicar la ley conforme a la realidad social de cada momento. Y, en ese instante, la realidad era la búsqueda de esa «paz social del proceso».

Segunda comparecencia de Conde-PumpidoTras el adelanto noticioso de De la Vega, ayer el PP volvió a repetir la exigencia de que el fiscal general del Estado, del que depende la Fiscalía Anticorrupción -que dirige desde 2003 Antonio Salinas García-, comparezca en el Congreso de los Diputados. Para la dirección de Génova, la Fiscalía vuelve a «plegarse a los intereses del Gobierno» y se convierte en un instrumento del propio gabinete socialista. Según fuentes populares, el recurso contra el archivo de la causa que inculpaba a Francisco Camps de cohecho pasivo impropio no se repetiría si el imputado fuese un cargo del PSOE, mucho menos un presidente autonómico del partido en el Gobierno.