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Domingo, 02-08-09
FRENTE a los disparates en materia lingüística promovidos por el bipartito, Alberto Núñez-Feijóo ofreció durante la campaña electoral una recuperación del bilingüismo natural en la sociedad gallega. No hace falta inventar nada para desarrollar una política sensata en este terreno, porque basta con cumplir y hacer cumplir la Constitución y practicar el sentido común. Así pues, el presidente de la Xunta de Galicia ha cumplido con prontitud sus promesas y buena prueba de ello es la «macroencuesta» que permite conocer el criterio real de los hablantes y, en especial, la postura de los padres en relación con la educación de sus hijos. Los resultados confirman cualquier intuición razonable: en la enseñanza Primaria, sólo el 18 por ciento de los encuestados opta por la enseñanza únicamente en gallego, el 26 por ciento por la bilingüe y nada menos que 54 de cada 100 prefieren que sus hijos pequeños estudien sólo en castellano. Con algunos matices, también predomina ampliamente esta última opción en la Enseñanza Secundaria. Con la suma de los resultados, es lógico que el Ejecutivo gallego considere que los ciudadanos se han pronunciado masivamente en favor de las aulas bilingües, confirmando así la opción política planteada por el Partido Popular.
Los compromisos de Rodríguez Zapatero con los nacionalistas radicales se tradujeron bajo el mandato de Emilio Pérez Touriño en una «carta blanca» para el BNG en esta materia tan sensible. Ahora el PP está en condiciones de promover una convivencia positiva entre las dos lenguas que hablan con toda naturalidad los gallegos, en el sentido de ese bilingüismo «cordial» al que suele referirse el actual presidente. Cualquier persona tiene derecho a usar la lengua de su preferencia, respectando el derecho de todos los españoles a utilizar el idioma común en cualquier parte del territorio nacional. El ámbito educativo exige particular atención en las comunidades bilingües porque sería absurdo privar a las próximas generaciones de un idioma de alcance universal que goza además del máximo arraigo familiar y social. Frente al dogmatismo anterior, ha llegado la hora de recuperar la sensatez en nombre de la España constitucional y del futuro que merecen los escolares gallegos. Hay que confiar en que el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha cuando antes las medidas pertinentes.
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