Domingo, 02-08-09
Falso culpable. Los escarnios y los infortunios han dejado profundos surcos en el rostro de Rafael Ricardi, a quien sólo faltaba el espantajo de un crimen que no cometió para condenarle a un destino sin aparente redención. Trece años penó en seis prisiones de la Península por una violación que cometieron otros. Trece años que le han «robado» a un hombre que cuando la policía le echó el guante vivía bajo un puente en su Puerto de Santa María natal. Ahora reclama que la justicia que no tuvo le compense de los sinsabores, de esos trece años a la sombra a los que puso fin la heroína de esta historia desgraciada. Antonia Alba es abogada, y desde que, a instancias de una hija y una hermana de Rafael Ricardi, se hizo cargo del caso el año pasado, no cejó. Letrada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, sí creyó las protestas de inocencia que a este hijo de un carpintero de ribera y de una ciega vendedora de cupones no le valieron en sus primeros años en la trena, donde sufrió el desprecio y los golpes de otros convictos. No en vano a los violadores les consideran como la hez de los que pagan entre rejas.
Nacido en El Puerto hace 49 años en el seno de una familia pobre que las pasó canutas (eran once hermanos, de los que uno no salió adelante), no tuvo Rafael Ricardi más estudios que los que pudo atrapar antes de los nueve años, edad en la que se inició como el mudo de los hermanos Marx en la escuela de la vida y aprendió enseguida «lo que vale un peine». Empezó «cuidando cabras», pero ha tenido tiempo de «hacer de todo, de mariscador, pescador, fontanero... La vida ha sido dura». Separado y con dos hijos, «cuando ocurrió lo que ocurrió» (lo que Rafael Ricardi odia es recordar los malos momentos, y no ha sido parca su cosecha) vivía casi a la intemperie (como techo tenía el arco de un puente) y era toxicómano, un mal hábito que empezó a los treinta años: «He probado de todo, desde el hachís a la heroína. Me dio muy mala vida y lo fui abandonando todo». Es acaso lo único bueno que sacó de sus 13 años en la cárcel: en el trullo dejó las drogas. Fue hace diez años y lo hizo, dice, a fuerza de voluntad.
El segundo calvario de Ricardi comenzó al amanecer del 12 de agosto de 1995. En la zona de la bahía del Puerto de Santa María se venían cometiendo violaciones, y la madrugada de ese día para él funesto fue agredida sexualmente una muchacha de la urbanización de Valle Alto. Aunque el «modus operandi» hablaba de dos individuos encapuchados que actuaban en comandita, los tres agentes que se presentaron a las ocho y media de la mañana de aquel día de agosto donde Ricardi pernoctaba parecía que iban a tiro fijo. Al cabo de unas horas supo por qué le detenían. Le acusaban de violación. La víctima le reconoció por la voz y por el acusado estrabismo que sufre en un ojo, y sobre la base de la declaración de la joven fue condenado. A pesar de que siempre insistió en su inocencia, el juez le endilgó 36 años de prisión.
Error «vergonzante»
En nueve folios acaba de despachar el Tribunal Supremo uno de los «errores más vergonzantes», según la Asociación de Derechos Humanos de Andalucía, «del sistema judicial español». Sin embargo, el alto tribunal se abstiene de reconocer el más mínimo error y se limita a referirse a «nuevos elementos de prueba», léase un informe del Instituto Nacional de Toxicología datado en julio del año pasado en el que se establece de manera incontestable que las muestras recogidas del cuerpo de la víctima no correspondían al ADN de Ricardi, sino a uno de los dos jerezanos a los que la policía ya señalaba como sospechosos desde abril del año pasado: Fernando Plaza y Juan Baños. Siempre que ante una comisaría se presenta una denuncia por atentado contra la libertad sexual actúan dos peritos: el médico de guardia en el hospital de referencia al que se debe llevar a quien ha sufrido una agresión sexual y el forense de servicio.
En el fallo del Supremo se recurre a la retórica al uso para proclamar: «Debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de revisión» y, a renglón seguido, «debemos declarar y declaramos la nulidad» de la sentencia que en 1996 clavó en la espalda de Ricardi el estigma de violador. Llama la atención sin embargo en este malhadado caso que cuando Ricardi cumplía su cuarto año de reclusión un primer informe de toxicología señalaba con claridad meridiana: «Se puede descartar que en la gasa \[recogida de una de las prendas íntimas de la víctima\] existan células pertenecientes a Rafael Ricardi», un argumento que ya se había esgrimido durante el proceso, en 1996, pero que no tuvo la trascendencia que debía haber tenido. Ese informe esclarecedor fue recibido por la Policía Nacional en el año 2000, y fue remitido tanto a la Audiencia Provincial como al abogado gaditano de oficio que había representado los intereses del reo. Pero al parecer nadie se empeñó en que pese a la clamorosa injusticia cometida contra Ricardi, el caso fuera revisado.
La detención de los dos jerezanos a los que se atribuía la comisión de una cadena de violaciones entre 1995 y el año 2000 (es decir, después de que Ricardi fuera retirado de circulación), y sobre todo la petición que Macarena, hija del inocente, y Milagros, una hermana, impulsaron a la abogada Antonia Alba. Ella logró que se corrigiera el rumbo de una historia que hubiera podido servir de inspiración a Franz Kafka. Alba, que asistió de forma gratuita a los allegados de Ricardi, empezó a sostener de manera consistente que la justicia había cometido un error «garrafal». Finalmente, ante la decisión del Supremo, reprochó al tribunal que no entrara al fondo de la cuestión. Antonia Alba estaba indignada: no sólo porque la exculpación se produjera, como reflejó un diario gaditano, «a trancas y barrancas», sino que se enteraran del fallo a través de los medios de comunicación: «Otra desvergüenza más del sistema judicial».
Un sistema tan poco sensible como implacable. La maquinaria que tritura. La policía supo en abril del año pasado que quien se pudría en la cárcel era inocente. Uno de los detenidos sufre, como Ricardi, de estrabismo. La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, no pidió que Ricardi fuera puesto en libertad hasta tres meses después. Hasta noviembre no se le dio entrada al caso. Pero la notificación todavía tuvo que esperar a enero. El tercer grado penitenciario se le concedió a Ricardi el pasado 25 de julio. Porque hasta el 7 de julio no fue debatido el asunto: el fiscal no presentó ante el Supremo su informe favorable a la revisión del caso hasta el mes de mayo.
«Inocencia absoluta»
Antonia Alba anunció el pasado miércoles que en septiembre —la justicia entra en un tempo aún más lento por culpa de la canícula— iniciará ante el Ministerio de Justicia un procedimiento de indemnización. Pero también recalcó que ya ha presentado ante el Supremo un recurso de aclaración para que el tribunal se manifieste sobre la «libertad absoluta y la inocencia» de su defendido». Para ella, «el fallo queda inconcluso por no admitir la inocencia».
El reo ha pasado por seis cárceles: El Puerto 2, Jerez, El Dueso, Topas, en Salamanca... y se olvida de contar. «No me acuerdo de nada. Lo más duro fueron los tres primeros años. Lo pasé muy mal. A los reclusos les da igual que uno diga que es inocente». Pero hizo amigos: un suramericano llamado Rona, que ya salió del trullo, y un cántabro llamado José, al que todavía le quedan dos años dentro. «El tiempo se hace muy largo, pero cuando eres inocente la condena es doble. Ahora estoy rehaciendo mi vida poco a poco. Tengo una nueva compañera y vamos a tener un hijo». Separados ambos, y con vástagos, dice que al salir se encontró «un mundo muy cambiado. Sobre todo El Puerto. No lo reconozco. Antes te podías hacer a la vida, ahora todo parece más difícil. No hay trabajo, y menos para alguien que ha pasado por la cárcel. Yo tenía una ayuda y me la quitaron. Ahora tengo el paro de la cárcel, poco más de 400 euros, que no da para vivir, y menos para sacar adelante a una familia». Una ayuda que se extinguirá dentro de seis meses.
Nadie le ha pedido disculpas. «Nadie me ha llamado. Nadie. Y eso que me han quitado trece años. Es un buen trozo de vida». Por no hablar del estigma de una violación que no cometió: «Es un manchón que no se quita fácilmente, sin comerlo ni beberlo». Espera una compensación, «al menos una casa. No es que no quiera perdonar. Perdono, pero no olvido. Creo en la justicia, pero cuando está bien hecha, con pruebas verdaderas, no como me pasó a mí». Habla sin rencor, con suave deje andaluz. Su rostro es un mapa de la devastación.

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