Las víctimas sí saben lo que ETA es y representa después de cinco décadas, por lo que han de ser permanentemente reivindicadas como referente de dignidad y lucidez. Su voz, vademécum democrático frente al terror, alerta frente a las tentaciones de justificar la sinrazón asesina o de doblegarse a la «solución negociada». Bajo el «shock» del ataque a las Torres Gemelas no pocos analistas diagnosticaron que quedaba liquidada la eficacia del uso del terrorismo como escaparate y que ETA (a la que solapadamente nunca se ha dejado de atribuir cierta capacidad de raciocinio) había tomado nota de ello, de modo que era previsible su progresiva renuncia a la violencia. Ocho años después, «cachorros» de la banda, hijos del bienestar occidental transformados en alimañas fanatizadas, han asesinado de forma brutal y cobarde (son los nuevos «gudaris» del mando a distancia) a dos guardias civiles en Mallorca y han buscado una orgía de sangre en Burgos. A algunos les habrá chocado, a las víctimas no.

La Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio del Interior calculó que en España hay alrededor de diecisiete mil personas directamente afectadas por actos terroristas. Se incluye en esa estimación a los familiares más cercanos de los más de mil asesinados (828 a manos de ETA) y a los heridos, situados en los círculos concéntricos nucleares de una onda expansiva de terror que se extiende a toda la sociedad. Es una cifra que pesa demasiado y que, desglosada, revela el enorme castigo que han sufrido quienes defienden en primera línea las libertades de todos: más de la mitad de las víctimas mortales (483) han sido miembros de las Fuerzas Armadas o de cuerpos policiales: 203 guardias civiles, 146 policías nacionales, 98 militares, 24 policías locales, 13 ertzainas y un mosso d'esquadra. Entre los civiles, la banda ha segado la vida de 25 niños, de 38 políticos (especialmente cruel fue su campaña contra concejales) y de 41 empresarios vascos.

La ley del Gobierno Aznar

Tras los durísimos ochenta, «años de plomo» en los que las viudas tenían que salir a hurtadillas de los funerales bajo el estigma del «algo habrá hecho», el primer gran paso para la reparación moral, política y social de quienes habían sufrido esta barbarie fue la Ley 32/99 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo impulsada por el Gobierno de José María Aznar, normativa que ahora se quiere mejorar con una nueva ley integral que arrastra ya un retraso de más de dos años, derivado de lo difícil que ha resultado reparar las relaciones entre el Gobierno socialista y algunos colectivos de víctimas tras el fallido «proceso».

Además, otras brechas lastran aún la exigencia de memoria, dignidad y justicia de las víctimas: según reveló la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), alrededor del 10 por ciento de los asesinatos de ETA ni siquiera pueden ser juzgados porque no se ha identificado a los autores. Además, el terrorismo etarra siega de cuajo la libertad: 40.000 ciudadanos vascos están afectados por la «violencia de persecución» y mil de ellos han de vivir con escolta.

Pese a estas heridas, la sociedad y las instituciones españolas han ido reaccionando con el paso de los años y el peso de los asesinatos, y hoy son tenidas en todo el mundo como referente de protección y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. La filosofía de actuación, asegura José Manuel Rodríguez Uribes, director general del Ministerio del Interior, es ser «proactivos», prever las carencias y poner coto a las humillaciones. «Proactividad» indispensable frente a esa lacra denunciada por la presidenta de la FVT, Maite Pagazaurtundúa: «Durante años no se han buscado antídotos contra la fanatización que ha llevado a niños de varias generaciones a convertirse en asesinos».