«Decir que la Ley no protege a la víctima procede de la ignorancia»

—¿Las recientes violaciones de dos niñas por varios menores demuestra que la Ley no da respuesta a la realidad social?

—No. Esos son acontecimientos puntuales. Por eso tienen trascendencia, porque no son cotidianos.

—Pero sin duda reabren el debate sobre la edad penal.

—Ese debate siempre está latente. Hay un sector que propugna la reforma para introducir la horquilla de 12 a 14 años y hay otro sector que no.

—¿Y a qué sector se adscribe?

—Cuando se modificó la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en el año 2000, lo conveniente hubiera sido introducir las infracciones cometidas por menores con edades comprendidas entre los 16 y 18 años, pero mantener la horquilla de 12 a 14. Este es un debate que va a estar siempre abierto, tanto si ahora se introduce el tramo como si se deja fuera.

—¿Qué consecuencias tendría introducirlo?

—Se trata de poder intervenir con menores que cometen hechos muy graves y con los multirreincidentes, porque es muy grave una violación pero también lo es un menor que atraca con una navaja ocho veces, que no produce la muerte pero causa lesiones o que roba veinte motos. Lo que me parece interesante es poder intervenir con menores que necesitan medidas más duras, incluso un internamiento, aunque los hechos cometidos no sean tan graves.

—¿Comparte la idea de quienes dicen que la Ley del Menor protege más a los agresores que a las víctimas?

—No. Las víctimas están totalmente protegidas porque el Ministerio Fiscal se encarga de ello y porque pueden personarse.

—Pero socialmente sí existe esa creencia.

—Porque socialmente hay un enorme desconocimiento de lo que estamos haciendo. Pero decir que el procedimiento de menores no protege a la víctima es una crítica que procede de la ignorancia.

—¿Es difícil convencer a la gente de que rehabilita más la educación en libertad que el internamiento?

—Al 90% de los menores que cometen hechos se les imponen medidas para que las cumplan en libertad y son efectivas porque no tenemos un nivel de reincidencia elevado.

—¿Por qué habla de hechos y no de delitos? ¿Cometer un hecho convierte a un menor en delincuente?

—¿Quién no ha cometido un error alguna vez? Cometerlo no significa que una persona sea un delincuente. En menores, si el hecho no es grave y el chico no tiene antecedentes, tenemos la posibilidad de desistir, de no iniciar un procedimiento penal contra él. Es muy efectivo, porque la mayoría de los menores que pasa por aquí no vuelve.

—¿Se cometen hoy más delitos o se ha empezado a judicializar lo que antes eran gamberradas?

—Sería extraño, e incluso inquietante, que los jóvenes no cometieran errores. Forma parte de su proceso de aprendizaje. El problema es que ahora los núcleos sociales son más grandes y las figuras de autoridad están más dispersas. El recurso para la solución de conflictos de forma privada se ha dificultado mucho. Intentamos solucionarlos a través de la mediación, tratamos de que lleguen a un acuerdo, que pidan disculpas, que se repare el daño, que se indemnice y archivar el procedimiento. Intentamos no llevarlos a juicio.

—El año pasado se mostraba preocupada por el absentismo escolar y la violencia intrafamiliar. ¿Se han cronificado estas tendencias delictivas o hay otras realidades emergentes?

—La campaña contra el absentismo está funcionando fenomenal. El año pasado tuvimos más de cien diligencias; este año lo terminaremos con doscientas. Esta actuación hará que la familias se replanteen mucho eso de no matricular a sus hijos o permitir que no vayan a clase. Respecto a la violencia intrafamiliar, tenemos los mismo niveles, recibimos una o dos denuncias cada día, aunque muchos padres vienen a pedir ayuda y los derivamos a otros servicios asistenciales.

—¿Los niños de ahora son más violentos o es que sus actos tienen más relevancia?

—Hay fenómenos nuevos, como la violencia intrafamiliar o la delincuencia a través de las nuevas tecnologías, que nos obligan a reciclarnos.

—¿Cree que la nueva realidad delincuencial obedece a una pérdida de valores?

—Influye pero no de forma generalizada. No nos encontramos ante avalanchas de menores delincuentes ni de hechos extremadamente graves. Tenemos los mismos delitos que siempre, y a nivel provincial este año hemos tenidos cuatrocientos asuntos menos que el año pasado. Pero sí es verdad que se ha perdido el principio de autoridad y el valor de la familia, y los menores se muestran menos tolerantes ante la frustración porque están acostumbrados a conseguir las cosas y cuando no las consiguen, responden de manera agresiva.

—¿Es erróneo abordar el debate desde un penalismo punitivo, focalizándolo en el castigo, en las consecuencias y no en las causas?

—Todos tenemos parte de responsabilidad. Nosotros, los servicios sociales, la escuela, la familia, los amigos... Pero es erróneo pensar que la culpa es de todos excepto del menor. Él también es responsable de lo que hace y hay que recordárselo para que asuma las consecuencias de sus actos. Además, están los medios de comunicación. Transmiten la idea del éxito fácil, no se valora el esfuerzo, hay programas en los que por salir sin hacer nada ganas mucho dinero... Esto deja poso, configura tu concepción del mundo y a determinada edad no tienes capacidad crítica para saber que eso no es real.

—¿Y los padres están ciegos ante algunas señales de alarma?

—Sí, sobre todo dentro de la casa, en la violencia intrafamiliar. Los padres no quieren asumir lo que pasa con los hijos; por eso, cuando acuden a la Fiscalía ya han pasado dos o tres años y nos encontramos con una situación muy difícil que nos obliga a sacar al menor de la casa y a internarle porque no podemos responder de cuál será su siguiente paso.

—Si a un padre le condenan por dar un cachete a un hijo, ¿le están privando de un mecanismo corrector?

—Cuando el cachete llega al Juzgado es porque está pasando algo más dentro de la familia y alguien denuncia. No creo que sea una medida correctora imprescindible. Hay otros castigos, aunque en ocasiones, si el hecho es grave, habría que ver en qué circunstancias se produjo porque puede encontrarse una justificación para el cachete.

—¿En qué medida los menores que llegan aquí son «carne» de prisión?

—A prisión va un dos por ciento. Es una pena, pero se trata de casos aislados. Tienen un historial delictivo, una tendencia imparable y da igual lo que hagan las familias, nosotros, los equipos técnicos, los centros de menores... Son unos privilegiados por los medios que les ponen a su disposición. Están en el centro, les apoyan, les buscan trabajo, les contratan y cuando salen no saben aprovechar la oportunidad y lo tiran todo al traste. No hay una culpa específica de alguien. Ellos son responsables.

—¿Es habitual que los menores lleven el móvil en un bolsillo y la navaja en otro?

—No hay tantos que usen navaja aunque para intimidar a su víctima amenacen con utilizarla. Luego, cuando les detiene la Policía, se comprueba que no llevaban arma.

—¿Qué peso tiene la inmigración en la violencia juvenil?

—No son un grupo de riesgo. Hay un tanto por ciento de menores inmigrantes que comete hecho delictivos, pero forman parte de la sociedad para lo bueno y para lo malo. Son, sin embargo, los menos reincidentes.

—¿Han traído formas nuevas de delincuencia?

—Hay indicios de que pudiera haber menores en los Latin King y en los conocidos como NTN, pero no tenemos datos suficientes como para iniciar un procedimiento contra nadie. Tenemos noticia por investigaciones policiales, pero no son concluyentes. Se sigue investigando.

—Los juicios en ausencia que usted anunció ya se están celebrando. ¿Qué otras medidas contempla para mejorar la atención a los menores y dar una respuesta más ágil a los casos?

—Estamos trabajando en la implantación de los juicios rápidos. No tiene sentido que un procedimiento de un adulto se pueda ver en 48 horas o 10 días como máximo y un procedimiento de menores dure seis meses. Cuando vienen aquí y se les impone la medida, muchas veces se han olvidado de lo que hicieron mal