Niños de la Cañada Real observan una de las últimas demoliciones de viviendas de la zona, ejecutada en noviembre
Los ayuntamientos implicados en el desmantelamiento de la Cañada Real tendrá dos años como máximo para pactar los realojos de sus habitantes. Así lo fija el proyecto de ley que ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se trata, según reconoció ayer el vicepresidente regional, Ignacio González, de establecer un límite para que este problema no se eternice y acabe enquistándose.
Transcurridos estos dos años, el Ejecutivo regional procederá a enajenar los terrenos afectados por la desafectación. El plazo comenzará a contar una vez que el proyecto de ley acordado por las administraciones se apruebe definitivamente en la Asamblea autonómica. Ayer, el Gobierno madrileño aprobó su remisión al Consejo Económico y Social. Presumiblemente, no será hasta septiembre cuando el documento pueda ser aprobado.
Desde entonces, los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas tendrán seis meses para realizar un censo de fincas y habitantes de la Cañada. Además, dispondrán de un año para diseñar los planes urbanísticos de los terrenos que se enajenarán a corto plazo.
Por lo tanto, el censo encargado a los ayuntamientos tendrá que estar concluido en primavera, mientras que la planificación urbanística de los terrenos deberá cerrarse a finales de 2010. Transcurrido este plazo, la Comunidad de Madrid tendrá derecho a enajenar dichos suelos, sin que ello suponga la legalización de las construcciones o actividades desarrolladas en los mismos. En todo caso, una vez que los ayuntamientos aprueben la modificación de sus Planes Generales, se definirá la titularidad de los terrenos actualmente ocupados en la Cañada Real Galiana.
De forma paralela a los procesos de desafección, ordenación urbanística y enajenación de la Cañada Real, todas las administraciones con competencia en la zona (Comunidad, Delegación de Gobierno y los tres ayuntamientos) deberán acordar los mecanismos e instrumentos que sean necesarios para resolver las cuestiones de índole social generadas en la Cañada.
Será el momento en que todas los implicados decidan cuándo, cómo y dónde comenzar a realojar a las más de 40.000 personas que, se calcula, viven en esta zona. Este momento no llegará hasta que concluyan la ordenación urbanística y el censo de unos terrenos que tienen una longitud de casi 15 kilómetros.
Casi 15 kilómetros
El texto que se ha consensuado establece la desafección por parte del Ejecutivo regional de 14,2 kilómetros de terreno, que pasarán a ser bien patrimonial y, por tanto, propiedad de la Comunidad de Madrid. La reordenación de los terrenos por parte de los ayuntamientos no será sencilla, ya que cada zona presenta sus peculiaridades.
Por ejemplo, Coslada cuenta en esta franja con viviendas cuyos habitantes aseguran tener escrituras de propiedad, «porque en su día el Icona se las vendió». Madrid capital también presenta peculiaridades al lindar con el vertedero de Valdemingómez.
