La cena que había preparado el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, el miércoles por la noche con los agentes sociales para intentar reconducir las negociaciones sobre el diálogo social acabó con un rotundo fracaso, ya que cada interlocutor no varió un ápice sus propuestas.
Fuentes de Moncloa admitieron a Ep que el encuentro, que se prolongó hasta primeras horas de la madrugada de ayer, fue «duro y tenso», y que tanto el Gobierno (además de Zapatero estuvieron la vicepresidenta Salgado y el ministro Corbacho) como los sindicatos (los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez) daban por prácticamente rotas las negociaciones y dejaban en el tejado de la CEOE el futuro de las mismas.
Otras fuentes de Moncloa apuntaban incluso que el fracaso de esta puesta en escena personal de Zapatero se debía a que «la patronal venía aleccionada por el PP para que el presidente del Gobierno no consiga hacerse la foto del acuerdo».
Ante esta presión, el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, se comprometió a redactar una nueva y detallada propuesta que haría llegar al Gobierno y a los sindicatos en menos de 24 horas.
El enfado del Ejecutivo era tal que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, advirtió ayer por la mañana en RNE que si no es posible un acuerdo, se adoptarán medidas para «gobernar en interés general de los ciudadanos y las comentará bilateralmente con quien considere oportuno».
Rebaja de seis puntos
La propuesta de la CEOE, hecha pública a media tarde, no recoge ninguna cifra concreta sobre la rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social -aunque su propuesta inicial era de cinco puntos-, pero calcula que exiten 15.302,89 millones de euros de margen para reducir las cuotas por contingencias comunes, a razón de 2.500 millones por punto de rebaja. Es decir, que podrían recortarse seis puntos.
El presidente de los empresarios madrileños (CEIM), Arturo Fernández, había afirmado por la mañana que la patronal podría llegar a aceptar una rebaja de «dos puntos y medio o tres puntos».
Para justificar la reducción de costes por cotizaciones empresariales al régimen general de la Seguridad Social, la CEOE apunta que bastaría con recuperar el exceso de financiación empresarial por complementos de mínimos entre 2002 y 2009 (3.999,26 millones de euros), así como la separación de fuentes prevista en el Pacto de Toledo para las bonificaciones por contratación aplicadas desde 2006 (2.908 millones en 2009), además de los 3.800 millones adscritos al Fondo de Prevención, a partir de los excedentes de Mutuas, y los 4.595,63 millones de dotación al Fondo de Garantía Salarial.
El documento -al que tuvo acceso este periódico- subraya que «una reducción de las cotizaciones empresariales en el sistema general por contingencias comunes generaría un aumento de los ingresos por cotizaciones (por creación y/o conservación de puestos de trabajo), lo que sumado a un ahorro en las prestaciones por desempleo, representaría para el conjunto del Estado un ahorro».
La patronal también considera fundamental «negociar reformas estructurales que potencien la competitividad de nuestras empresas». Para ello, propone que «a partir del 1 de septiembre hay que iniciar una segunda fase de negociación de reformas estructurales que abarquen desde la contratación, la flexibilidad interna de las empresas, la reforma de la negociación colectiva, los procedimientos administrativos y resolutorios, la fiscalidad, energía, medio ambiente, etc...»
El resto de las propuestas de la CEOE coinciden más o menos con las principales cuestiones del último borrador del Gobierno. Así, por ejemplo, la patronal considera que el Ejecutivo «debe comprometerse a presentar antes del 30 de septiembre medidas complementarias a las ya existentes para facilitar el pronto cobro de las deudas pendientes de las administraciones públicas con las empresas suministradoras de bienes, servicios y obras».
Inaceptable para sindicatos
CC.OO. y UGT, que consideran inaceptable esta propuesta, criticaron duramente a la patronal a través de un comunicado conjunto. En él, acusaban a las organizaciones empresariales de llevar «una trayectoria errática y contradictoria en su conducta y en la propia presentación de sus demandas y reflexiones».
Los sindicatos consideran que el diálogo social debe abordar en la actual coyuntura de crisis económica y financiera que vive el país, «la situación de las personas, especialmente las que pierden su empleo o no pueden acceder a él, y la reactivación de la economía a través de distintas medidas orientadas a la creación de empleo y al cambio futuro del patrón de crecimiento».
